Sequía/Inundaciones
El proyecto incluye exenciones en las tasas de riego, cambios en la facturación eléctrica o moratorias en las cuotas a la Seguridad Social

El Congreso aprueba el proyecto de Ley de Ayudas a la Agricultura por la Sequía

viernes, 16 de febrero de 2018


Foto Congreso Pleno Ley Sequu00eda 15 feberero 2018 (Foto Congreso de los Diputados)


El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, definitivamente, el proyecto de Ley con un conjunto de medidas de apoyo para paliar las pérdidas de los agricultores como consecuencia de la sequía.


El proyecto -que presentó el Gobierno el pasado mes de junio- incluye actuaciones como las exenciones en las tasas de riego, cambios en la facturación de las tarifas eléctricas o moratorias en el pago de las cuotas que abona el productor a la Seguridad Social.


El texto final incorpora enmiendas del Senado, entre las que destaca una reducción de las peonadas o jornales (pasan 35 a 20) exigidos en Andalucía o Extremadura para el cobro del subsidio agrario.


La posición de los grupos de la oposición ha variado según las enmiendas, pero en el debate se han mostrado más críticos Unidos Podemos, Ciudadanos, Compromís, ERC y PdCat, quienes han mencionado que el Senado ha supuesto un paso atrás respecto al primer dictamen del Congreso.


Entre las medidas aprobadas figuran la "flexibilización de contratos para la cesión de los derechos de agua o la moratoria en los pagos a la Seguridad Social para empresas y autónomos", según ha explicado el diputado del PP Juan Vicente Pérez Aras.


Tras el Senado, según Pérez Aras, el proyecto incluirá aclaraciones para facilitar el anticipo del 70 % de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).


También plantea el establecimiento de un "fondo público del agua" (con presupuesto sin precisar) y, según el PP, la dotación de "más competencias legislativas" en algunos ámbitos.


José Juan Díaz Trillo (PSOE) ha apuntado que en el caso de las peonadas para el subsidio agrario hubiera sido preferible su eliminación, pero "más vale 20 que 35, aunque la medida llegue tarde y mal".


Díaz Trillo ha añadido que la ley se aprueba tras "un largo partido" y ha confiado en que "aunque sea en los penaltis" los agricultores y ganaderos ganen la batalla a la sequía.


Pedro Arrojo (Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) ha manifestado que el texto final "supone una involución" tras pasar por el Senado y la "mayoría absoluta del PP", para que quede como propuso inicialmente el Gobierno.


Arrojo ha criticado que se haya rechazado un trato diferenciado a las explotaciones vulnerables y que no hayan salido adelante actuaciones para evitar la especulación hídrica o la sobreexplotación de acuíferos"; a su juicio, el proyecto "bendice" el libre mercado del agua.


Miguel Ángel Garaulet (Ciudadanos) ha criticado "los movimientos en el Senado y las amistades peligrosas" del PP y del PSOE, quienes "cambian de postura sobre el agua según el territorio"; los portavoces de los dos partidos han rechazado esa acusación.


Además, Garaulet se ha referido al "tasazo" de 120 euros/hectárea que deben pagar los regantes del sureste por infraestructuras de trasvases "sin recibir una gota", una tarifa también criticada por Ignasi Candela (Compromís, Grupo Mixto), quien, por su parte, ha lamentado que "se estén apretando las tuercas" al agricultor.


Ferran Bel (PdCat, Grupo Mixto), ha afirmado que el proyecto abre la puerta a los trasvases, mientras que Joan Oloritz (ERC) ha añadido que el Senado ha servido para pactos "extraños" y "para romper consensos" en un asunto difícil como el agua. 


El objetivo de esta ley es establecer medidas de apoyo y la concesión de ayudas a los titulares de las explotaciones agrarias situadas en los ámbitos territoriales afectados por la sequía en el presente año agrícola, que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos o en los aprovechamientos ganaderos de, al menos, un 20% de la producción normal en zonas desfavorecidas, y de un 30% en las demás zonas, de conformidad con los criterios establecidos por la Unión Europea.


TRASVASE, MCT Y ALMERÍA


Para ello, la Ley busca paliar el desequilibrio económico producido a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y a los abastecimientos de la provincia de Almería en la parte que se suministran mediante el acueducto del Tajo-Segura debido al uso de recursos no habituales pozos de sequía, contratos de cesión temporal de derechos, incremento de recursos no convencionales como el agua desanalizada, entre otros necesarios para garantizar el abastecimiento de sus poblaciones como consecuencia de la situación de sequía declarada que sufre la demarcación hidrográfica del Segura. 


Además, mediante esta norma se incrementa el tipo de gravamen correspondiente al canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, según indicaron fuentes del Congreso de los Diputados.


La ley establece la exención de las exacciones relativas a la disponibilidad de agua para los titulares de derechos al uso de agua para riego en las demarcaciones hidrográficas que cuenten ya o que pudieran contar con sequía declarada y que hayan sufrido pérdidas de producción bruta en los cultivos o en los aprovechamientos ganaderos de, al menos, un 20 por ciento de la producción normal en zonas desfavorecidas, y de un 30 por ciento en las demás zonas, de conformidad con los criterios establecidos por la Unión Europea.


Para la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y para los abastecimientos de la provincia de Almería en la parte que se suministran mediante el acueducto Tajo Segura, se conceden, en los supuestos especificados en el texto, exenciones en la cuota de la tarifa de utilización de agua y las aportaciones relativas a los gastos fijos y variables de funcionamiento de la tarifa de conducción de las aguas. Se aplicará a la cuota correspondiente a los ejercicios 2017 y siguientes, siempre y cuando esté vigente el real decreto por el que se declara la situación de sequía en la correspondiente demarcación hidrográfica.


MEDIDAS LABORALES


La ley, tras su paso por el Senado, la ley determina que las suspensiones de contrato y reducciones de jornada y los despidos colectivos que tengan su causa directa en los daños producidos por la sequía tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor. En los supuestos de suspensión del contrato o reducción de la jornada, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el período de suspensión o reducción, manteniéndose la condición de dicho periodo como efectivamente cotizado por el trabajador.


El ministro de Hacienda y Función Pública acordará, a la mayor brevedad, las ampliaciones de crédito precisas a fin de que se pueda dar respuesta al incremento en la contratación producida en el Trigésimo Octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados. En el mismo sentido, y en el caso de que fuera necesario, el Gobierno incrementará la dotación aprobada para el Trigésimo Noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados, en la cantidad que sea adecuada para dar respuesta a la creciente demanda en la contratación.


Otra de las novedades que presenta esta ley es la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica correspondientes al ejercicio de 2017 y 2018 a aquellas fincas, viviendas, locales de trabajo y similares, de titularidad de agricultores y ganaderos afectados por la sequía de las zonas mencionadas. La disminución de ingresos en tributos locales que los apartados anteriores de este artículo produzcan en los ayuntamientos, consejos insulares, cabildos insulares, diputaciones provinciales y comunidades autónomas será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


PRÉSTAMOS DE MEDIACIÓN DEL ICO


Los titulares de ganado bovino, ovino, caprino, equino y porcino o de explotaciones apícolas, se podrán beneficiar de una línea de préstamos de mediación del ICO por importe global de 1.000 millones de euros, que podrá ser ampliada en función de la evaluación de los daños y de la demanda. Las condiciones de los mismos vienen reguladas en texto de la ley.


Entre las modificaciones realizada por la Cámara Alta y que se mantendrán en el texto que se publique en el BOE figura el apartado que determina que podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, previo el correspondiente acuerdo del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos de la Ley de contratos del sector público, los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, así como las obras de reposición de bienes que se deriven de las actuaciones relacionadas con la sequía a las que se refiere la presente ley, cualquiera que sea su cuantía.


Se suprime la disposición que aprobó en su día el Congreso por la que se establecía que la financiación de las actuaciones que realice el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en aplicación de lo dispuesto en esta Ley, se realizará con cargo a créditos del propio departamento, a cuyos efectos se realizarán las transferencias de crédito que sean necesarias sin que resulten de aplicación las limitaciones contenidas en la Ley General Presupuestaria, respecto de la realización de transferencias de crédito desde operaciones de capital a operaciones corrientes.


El Senado ha incorporado, entre otras medidas, una nueva disposición transitoria para que el Gobierno realice las gestiones necesarias ante la Unión Europea para que se autorice en el año de solicitud 2018 tanto el incremento del porcentaje de anticipo de pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda directa y al desarrollo rural, como la utilización para el pastoreo de las superficies de barbecho que se declaren como superficies de interés ecológico a efectos del pago por prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

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