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La Ley andaluza de Agricultura reforzará la posición de profesionales y fomentará la protección del suelo agrario

miércoles, 25 de abril de 2018


Su00e1nchez Haro Consejo Gobierno Comparecencia (Foto Junta de Andalucu00eda)


El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que marcará las directrices de un sector que supone el 8% del Producto Interior Bruto (PIB), el 10% del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones. 


El empleo de calidad, la mejora de la competitividad, el equilibrio en la cadena agroalimentaria, la contribución a mitigar los efectos del cambio climático y la innovación y el desarrollo de las zonas rurales constituyen algunos de sus principales objetivos.


El texto, que será enviado al Parlamento de Andalucía para su tramitación definitiva, incorpora medidas pioneras en España en aspectos como el reforzamiento de la posición de los profesionales, la protección del suelo agrario, el aprovechamiento de los excedentes alimentarios, los mecanismos para conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las crisis de sanidad vegetal o animal y la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la actividad agroindustrial.


En el último de estos aspectos, la ley reconocerá a ambos colectivos como grupos preferentes en concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas. También incluirá medidas para facilitar a las mujeres la participación e interlocución en cuadros técnicos y directivos, explotaciones, empresas, grupos de desarrollo rural, consejos reguladores y organizaciones interprofesionales y de productores.


En relación con el mantenimiento del suelo agrario y de la vigilancia y control de su infrautilización y degradación, el proyecto prevé la declaración de Zona de Protección Agraria, una figura de ordenación del territorio orientada a la preservación de aquellos espacios donde la actividad tiene una gran relevancia ambiental o social, como es el caso de la Vega de Granada. 


El objetivo es proteger el patrimonio agrario frente a otros usos, principalmente la presión urbanística, garantizando su destino a una agricultura competitiva, informaron fuentes de la Junta de Andalucía.


En la misma línea se regula la figura de los planes de Ordenación de Explotaciones, para obras que se desarrollen conjuntamente en varias fincas, tanto para la mejora de infraestructuras físicas como en el aprovechamiento de recursos. 


En el caso de proyectos públicos de especial relevancia, se prevé la declaración de actuaciones agrarias de interés autonómico. Entre otras ventajas, esta consideración implicará que no estarán sometidos a licencia urbanística ni a otros actos de control preventivo de las administraciones locales.


CADENA AGROALIMENTARIA


Con el objetivo de conseguir una cadena agroalimentaria más equilibrada, el texto incorpora controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado concuerdan con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. 


En el caso negativo, a partir de la entrada en vigor de la ley, la responsabilidad recaerá solidariamente no solo en el vendedor sino también en el resto de operadores agroalimentarios (productores, transformadores y comercializadores) que no denuncien estos productos sospechosos.


La infracción, considerada grave, será sancionada con multas de entre 3.001 y 50.000 euros. Esta calificación tendrá también la negativa o resistencia a suministrar datos a los servicios de inspección, que por primera vez tendrán consideración de autoridad en el ejercicio de sus funciones.


El régimen disciplinario incluido en el proyecto de ley también abre la posibilidad de que, siempre que concurran circunstancias de riesgo o daño efectivo para los intereses económicos del sector agroalimentario, se dé publicidad de las sanciones junto al nombre de las empresas y de las personas responsables, con expresa indicación de las infracciones cometidas y de la marca comercial del producto en el caso de venta por debajo del precio de mercado.


Para aumentar la seguridad y trazabilidad, los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas. Con ello se facilitará su seguimiento y control, además de evitar robos y fraudes. Los operadores estarán legalmente obligados a denunciar todas aquellas falsificaciones y adulteraciones que detecten, así como a retirar del mercado los productos que no cumplan con la normativa en materia de calidad.


En la misma línea, se prevé la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que estará integrado por representantes de los sectores productor, transformador, comercializador y de la distribución. Este órgano de participación, autorregulación y asesoramiento se encargará, entre otras funciones, de la cooperación entre los diferentes eslabones de la cadena, de promover códigos de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria y de la búsqueda conjunta de soluciones ante desajustes que se puedan producir.


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