Abierto el plazo para hacer aportaciones al decreto andaluz para responder ante adversidades en agricultura y ganadería

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha abierto un plazo de consulta pública para la elaboración de un decreto para la protección del sector agrícola y ganadero. Los agentes del sector y la ciudadanía en general tienen hasta el próximo día 13 de agostopara presentar sus aportaciones a una norma que busca dar una respuesta "coordinada, rápida y eficaz" a cualquier adversidad que pueda afectar a la actividad agraria. 

Así lo ha anunciado el titular de este departamento de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, que ha asegurado que "se pretende dar cobertura también a aquellos incidentes que provocan daños a los que no llega, o lo hace con limitaciones, el seguro agrario combinado".

El decreto contempla un protocolo de actuación y la creación, sin que lleve aparejado, en palabras de Rodrigo Sánchez, "ningún aumento del gasto público", de un órgano autónomo permanente dentro de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural para situaciones de adversidad climática, ambiental y accidentes, plagas o enfermedades de características catastróficas en el sector agrario. 

Podrá contar, además, con el asesoramiento de personas expertas de acuerdo al evento dañoso que se pretenda prevenir, paliar y abordar, así como la posterior recuperación del cultivo o la cabaña ganadera afectada, informaron desde la Junta de Andalucía.

La meta, como ha anotado Sánchez Haro, es regular las actuaciones públicas en caso de catástrofes, fenómenos meteorológicos, accidentes, enfermedades que afectan a los animales o plagas. 

Esto se hace necesario, ha afirmado, en el contexto de una agricultura y una ganadería andaluzas que, si bien se han adaptado al clima mediterráneo con influencias atlánticas, están expuestas a las irregularidades del mismo, "de imposible o difícil control por parte de los productores". Se trata, en definitiva, de "dar un mejor servicio a esta actividad económica y al conjunto de la sociedad", ha aseverado el consejero.

En esta línea, el nuevo órgano autónomo permanente podrá hacer estudios, propuestas y seguimientos de medidas relativas a cualquier evento que ocasione o pueda provocar graves pérdidas en la agricultura y la ganadería andaluzas e incluye funciones propias como la elaboración de informes y planteamientos a otros órganos colegiados, ya sean de la Junta de Andalucía o del Estado. 

De sus actuaciones se dará traslado a los ciudadanos andaluces, en particular a agricultores y ganaderos, a través de sus representantes.

Con todo ello, se dotará al sector de un marco normativo que proporcionará transparencia, objetividad y seguridad en la valoración de los eventos de carácter catastrófico. 

Asimismo, graduará la necesidad de intervención pública por parte de la Junta de Andalucía para la adopción de medidas reactivas y recuperativas de la actividad agraria que pueda verse interrumpida o gravemente afectada por fenómenos catastróficos o asimilados a ellos por su intensidad o extensión. 

Finalmente, se promueve, además, el impulso, el seguimiento y la evaluación de las medidas preventivas que puedan reducir la incidencia de los fenómenos climáticos, desastres naturales y catástrofes en el sector.