Vino, Cava y otras bebidas

La Agencia de Control Alimentaria abre expediente a dos bodegas valencianas

miércoles, 6 de febrero de 2019


Bodega de vino con barricas de roble (Foto La Uniu00f3)


La Agencia de Información y Control Alimentarios ha abierto expediente sancionador a dos bodegas radicadas en la Comunitat por "incumplimiento de los mínimos establecidos en los contratos alimentarios" y por "no suministrar la información requerida", ha informado la Unió de Llauradors.


Esta entidad ha señalado que trasladó sendas denuncias a la AICA en agosto de 2017, en la que informaba de que las bodegas compraban la uva sin la firma del preceptivo contrato de compraventa, con posibles incumplimientos de la Ley 12/2013, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.


Según la Unió, la Agencia de Información y Control Alimentario, dependiente del Ministerio de Agricultura, ha abierto diecinueve expedientes sancionadores, dos de ellos a empresas con domicilio social en la Comunitat, por indicios razonables de incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria, con 43 infracciones acumuladas.


Una práctica, aseguran desde la organización agraria, que "parece ser la habitual en el sector", ya que las denuncias se han efectuado en la mayor parte de las comunidades productoras de vino de España.


En total han sido diecisiete las empresas denunciadas, algunas de ellas con más de un expediente sancionador, y quince de los expedientes sancionadores se han abierto a la industria vitivinícola-bodegas, tres a la distribución minorista y uno a la distribución mayorista, y la mayoría son expedientes abiertos por incumplimiento de los plazos de pago de la uva a los viticultores.


En la Comunitat se han comunicado dos expedientes sancionadores por estas prácticas, aunque la AICA no facilita datos de las bodegas incumplidoras, y otras comunidades con expedientes de sanción son Madrid, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja y Galicia, Castilla y León y Extremadura, señalan desde la organización agraria.


La Unió de Llauradors reclama a las Administraciones que las inspecciones no se realicen solo a petición o denuncia de las asociaciones, y que esta práctica de inspeccionar sea la "norma común" ante el ratio de empresas sancionadas 

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