El TS desestima un recurso del Scrats sobre las nuevas tarifas del trasvase

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) contra el acuerdo del Consejo de Ministros de junio de 2017 que aprobó las nuevas tarifas del trasvase conforme al criterio exigido por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Así lo ha señalado este martes en Bruselas la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, quien ha acompañado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a la Comisión Europea para presentar el informe de evaluación del río Tajo.

La consejera ha explicado que el Gobierno central aprobó en Consejo de Ministros en junio de 2017 unas tarifas nuevas del trasvase Tajo-Segura que fueron recurridas por el Scrats, un recurso que no ha sido aceptado por el Supremo, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Las tarifas del trasvase constan de tres componentes que determinan las aportaciones que los usuarios deben realizar para sufragar los costes de amortización de las obras del acueducto (a), los gastos fijos de funcionamiento (b) y los gastos variables de funcionamiento (c).

La ley de 1980 que regula el régimen económico de la explotación del Acueducto Tajo-Segura, establece la forma en que se deben aplicar dichos componentes de modo que las partes a) y b) se han de aplicar a las dotaciones concesionales, mientras que la componente c) de la tarifa debe aplicarse al volumen realmente consumido.

El Scrats, que demandó al Estado y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, reclamaba que se sumaran las tres componentes de la tarifa y se aplicara el resultado al volumen consumido, sin tener en cuenta el volumen concesional, pero el Tribunal Supremo ha desestimado su pretensión y ha establecido que "no es tan sólo el aprovechamiento efectivo del agua lo que genera el devengo de la tarifa, sino también la disponibilidad de la infraestructura, obviamente en tanto que destinada al trasvase de aguas".

La consejera de Fomento ha señalado que esta sentencia es de "enorme" trascendencia para Castilla-La Mancha porque lo recaudado en la parte a) de la tarifa se destina a las comunidades autónomas afectadas por el trasvase y, en concreto, a Castilla-La Mancha le corresponden las cuatro novenas partes de este importe.

"La incorrecta aplicación de las tarifas ha supuesto un perjuicio económico multimillonario para estas comunidades, siendo la principal damnificada Castilla-La Mancha. Según nuestros cálculos, en torno a 106 millones de euros se han dejado de recibir en las arcas autonómicas por la continuada aplicación incorrecta" de las tarifas, ha aseverado García Élez.