El Gobierno de C-LM avanza que la “dudosa legalidad” de los datos de los embalses abre la puerta a un recurso al trasvase aprobado ayer

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha afirmado que el trasvase de agua del Tajo al Segura de 38 hectómetros cúbicos aprobado por la Comisión de Explotación está basado en datos “metidos con calzador” que, a su juicio, son de “dudosa legalidad”, por lo que ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades y los técnicos de la Agencia del Agua preparan un nuevo recurso, que se sumaría a los ya presentados ante la Audiencia Nacional en relación a las derivaciones anteriores aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

De la Cruz ha puesto de manifiesto que "no existe transparencia" en relación a las reservas de Entrepeñas y Buendía a fecha 1 de junio, ya que la web SAIH Tajo ha presentado un funcionamiento “sospechosamente irregular” durante los días previos a la jornada en la que se dio luz verde al trasvase.

Según las normas de explotación actualmente en vigor, los embalses de cabecera deben superar los 629 hectómetros cúbicos para poder autorizar un trasvase de 38 hectómetros cúbicos. En caso de ser inferior la cantidad de agua embalsada, la situación continuaría declarada como nivel 3 y la derivación máxima sería de 20 hectómetros cúbicos, que además tendría que aprobar la ministra de Agricultura en lugar de la Comisión de Explotación. 

Según el Gobierno de Castilla-La Mancha, "la propia página web del Sindicato Central de Regantes reconocía recientemente que las reservas eran de 628 hectómetros cúbicos, uno por debajo del límite entre ambos niveles".

Para la consejera, la situación está “al límite”, lo que arroja grandes interrogantes sobre la validez jurídica del trasvase aprobado ayer. “Los datos no son públicos, por lo que tenemos serias dudas cuando la línea es tan estrecha”, ha asegurado, al tiempo que subraya que “no tenemos presencia ni voz en la Comisión de Explotación por una decisión del actual Gobierno de España”. También reitera que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha solicitado en reiteradas ocasiones la máxima fiabilidad de los medidores de aforo situados en el curso del río, que los datos de la Confederación del Tajo sean permanentemente públicos y que se descuenten los trasvases pendientes de envío al cálculo de agua embalsada.

Elena de la Cruz ha recalcado que las cifras en las que se ha basado este trasvase son sólo “posibles” pero en ningún caso “transparentes porque no han sido públicos”, lo que abre una puerta a la “sospecha” de que el Gobierno de España haya permitido una derivación con 18 hectómetros cúbicos de más “por puro afán electoralista, puesto que no ha pensado en los intereses de todos los españoles”.

DECISIÓN POLÍTICA

La consejera ha puesto de manifiesto que este trasvase se debe a que “es el PP de Murcia el que decide cuándo y cuánto se trasvasa” en lugar de hacerlo las instituciones que tienen legalmente ese cometido. “No nos sorprende porque el PP de Murcia ya venía reclamando esa cantidad”, afirma.

En relación al comunicado emitido por el Ministerio para justificar el trasvase, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha ha aseverado que "no se ajusta a la realidad" de la situación prevista en la cabecera del Tajo para este verano. De la Cruz estima que con este nuevo envío de agua, la disminución prevista de los aportes al Tajo desde los afluentes y “unas reglas antinaturales que no respetan el caudal ecológico y que desembalsan más agua en verano que en invierno”, volverá a haber problemas de suministro.

En este sentido, ha recordado que no sólo son los municipios de los embalses de cabecera los que beben del Tajo, sino varias mancomunidades e incluso el Canal de Isabel II tienen concesiones de agua que podrían verse comprometidas con esta forma “sistemática de trasvasar sin pudor que ha demostrado el Gobierno de España en funciones”.

Elena de la Cruz ha indicado que “la paz del agua de Cospedal es una mordaza sobre el río” mediante “unas reglas capciosas y tramposas que no son limpias ni transparentes en la gestión de nuestro río y nuestros pantanos de cabecera” que “cercenan los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha de forma sistemática”. “Es un atentado medioambiental en toda regla contra el que vamos a seguir peleando desde Castilla-La Mancha”, ha concluido la consejera.