Regadíos y Abastecimientos

Sorprendidas 4 personas sustrayendo agua del río Quípar y del nacimiento de Arroyo del Chaparral

lunes, 17 de octubre de 2016


La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación ‘Sequía’, una investigación dirigida a esclarecer la sustracción de agua en la comarca del Noroeste, que se ha saldado con la investigación de cuatro personas, a las que se les ha instruido diligencias como presuntos autores de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente –captación ilegal de aguas terrestres y subterráneas–, tras destapar unas instalaciones ilícitas que derivaban agua del cauce del río Quípar y del Arroyo del Chaparral.


El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita, tras detectar la instalación de una bomba sumergida en el cauce del río Quípar, término municipal de Cehegín, instalada para extraer agua, inició la investigación con la finalidad de verificar el lícito uso de la bomba hallada.


Las primeras pesquisas se desarrollaron en torno a la infraestructura, instalada para la extracción de los recursos del río, con el objetivo de descubrir todo su recorrido e identificar a sus responsables. Además, se contactó con la Guardería Fluvial para verificar la existencia de autorizaciones que permitan la instalación y uso de dispositivos como el hallado, verificando la carencia de cualquier tipo de autorización de uso de bombas extractoras de agua en la zona.


Además, la Guardería Fluvial informó a la Guardia Civil de una segunda bomba extractora de agua instalada en el nacimiento natural del barranco de Arroyo del Chaparral, en una zona próxima a la encontrada inicialmente, y que también carecía de la preceptiva autorización, por lo que se continuó con la operación con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a sus responsables.


La bomba e infraestructura instalada para elevar agua del cauce del río Quípar abastecía en exclusiva una plantación de melocotoneros de una familia del municipio. La investigación ha permitido también averiguar que la segunda bomba extractora, hallada en el nacimiento de Arroyo del Chaparral, abastecía una heredad de agua, de la cual sería presidente una de las personas relacionadas con la colocación y uso de la primera bomba extractora.


Tras obtener todos los indicios necesarios, los guardias civiles han localizado, investigado e instruido diligencias a cuatro personas españolas --tres hombres y una mujer-- como presuntos autores de delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por el uso continuado de dos bombas extractoras de agua que captaban aguas terrestres y subterráneas, una actividad que podría causar daños sustanciales a las aguas, animales y plantas de la zona.


El Seprona también ha contado con la colaboración de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente –Servio de Sanidad Vegetal– de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM), para la valoración de los daños causados en la cuenca pública, que elaboró unos informes técnicos en los que se ponía de manifiesto que la captación ilegal detectada en el cauce del río Quípar rondaría, al menos, los 20.000 metros cúbicos de agua.


En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el Real Decreto 356/2015, prorrogado por el Real Decreto 335/2016, declara la declaración de sequía con un grave déficit de recursos en la cuenca del Segura.


Fuentes de la Guardia Civil indicaron que, debido a situaciones como la actual, con escasas precipitaciones en los últimos años, no es extraño que prolifere la instalación de mecanismos extractores de agua de cauces públicos, acrecentando el mal estado de ríos y nacimientos naturales que, sin un control adecuado, pueden llegar a causar graves prejuicios en la naturaleza.


CAPTACIÓN ILEGAL DE AGUAS


El delito contra los recursos naturales y el medio ambiente –captación ilegal de aguas terrestres y subterráneas– se encuentra recogido en el vigente Código Penal que lo define como el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, realice directa o indirectamente captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales en la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o animales o plantas, y es castigado con penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años, si las conductas anteriores pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.


Los investigados –3 hombres y una mujer, españoles, con edades comprendidas entre los 40 y los 52 años, y vecinos de Bullas y Cehegín– y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Caravaca de la Cruz (Murcia).


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