Advierten de la falta de partidas para indemnizar a afectados por la ZEC y Planes de Gestión de la Red Natura

Pilar Martínez Asociados, despacho especializado en Medio Ambiente y Urbanismo, ha advertido de la falta de partidas presupuestarias para compensar económicamente a los propietarios de terrenos afectados por los decretos de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y aprobación de los planes de gestión integral de los espacios protegidos Red Natura del Altiplano, Alto Guandalentín y las Sierras de Ricote y La Navela de Murcia.

Los tres documentos permanecerán a exposición pública durante un mes, hasta el próximo 5 de diciembre, que es el plazo establecido para presentar las oportunas alegaciones.

Los espacios afectados por las diferentes figuras de protección de la Red Natura abarcan una superficie de más de 60.000 hectáreas.La titularidad, pública o privada, y el uso de los terrenos varía dependiendo de las áreas. En el caso de la Zona de Especial Protección de las Aves “Estepas de Yecla” el 97,4%, un total de 4.135,08 hectáreas, pertenecen a propietarios privados, con la agricultura como principal motor económico, ya que un 83,55 % se dedica a actividades del campo, fundamentalmente a cultivo de secano.

El borrador recoge textualmente que en la ZEPA se prohíbe la transformación de secano herbáceo a secano arbóreo, de secano a regadío, y viñedos en espaldera, además de otra serie de limitaciones a una actividad tradicional en el área de influencia y con gran peso entre los habitantes, según explicaron fuentes del despacho de abogados.

También en el documento del Plan de Gestión Integral del Alto de Guadalentín, que afecta a siete núcleos de población en el interior con una tasa de crecimiento negativa, en el que un 61,40 % de terrenos es de titularidad privada y con la agricultura como una de las actividades socioeconómicas fundamentales, se establecen limitaciones al desarrollo habitual de esta actividad y se impiden o limitan los cambios en los cultivos y otras cuestiones.

Pese a la importancia de la agricultura en esta zona y a los impedimentos a los que se somete a los titulares de estos terrenos, cuya estimación prevista de gasto asciende en su conjunto a 22,74 millones de euros en un plazo de seis años, “no parece que se haya previsto presupuesto para compensar económicamente a los propietarios”, sostiene la abogada.

“Una vez más, observamos decisiones poco reflexivas en materia conservacionista, imponiendo muy serias restricciones a las actividades socioeconómicas tradicionales. Esto puede suponer la condena al subdesarrollo y abandono de la población rural y esto no es lo que propone la Directiva Hábitats”, subraya Pilar Martínez.

La abogada defiende un enfoque equilibrado entre el uso rentable de los recursos naturales y la conservación medioambiental, mediante la coordinación de ambos intereses como factor fundamental para el desarrollo y crecimiento socioeconómico, principalmente de la población rural, mayoritariamente afectada por las figuras de protección. “En todo caso, la normativa europea y nuestras leyes y tribunales exigen indemnizaciones individuales por las limitaciones a los derechos subjetivos adquiridos y previamente consolidados”, añade la letrada experta en Medio Ambiente.

Pilar Martínez Abogados recuerda que la ausencia de partidas presupuestarias para compensar a los propietarios de terrenos afectados en los planes de gestión de los espacios protegidos es "recurrente" por parte del Gobierno de Murcia, ya que tampoco se contemplaba en el instrumento del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de Murcia, que estuvo a exposición pública el pasado verano.