Organizaciones agrarias y de productores

COAG se suma a la movilización en 20 ciudades españolas contra el TTIP y CETA

viernes, 20 de enero de 2017

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La organización agraria COAG se ha sumado a la movilización prevista el sábado, en 20 ciudades españolas, contra el acuerdo comercial que negocian la Unión Europea (UE) y EEUU (el TTIP) y el tratado con Canadá, conocido como CETA.


COAG ha animado a los agricultores a participar en las manifestaciones, enmarcadas dentro del "Día de Acción Global" que han convocado sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y activistas de toda la UE, por los acuerdos comerciales y, con más urgencia, para "parar" el CETA.


La organización ha detallado, en un comunicado, las preocupaciones ante los "graves peligros" por su impacto en el empleo, el principio de precaución, la producción agrícola, los servicios públicos o la cooperación reguladora.


El objetivo de la protesta es pedir a los eurodiputados que rechacen el acuerdo comercial y de inversiones entre la UE y Canadá, el CETA, que está pendiente de ratificación por parte del Parlamento Europeo (PE) para su entrada en vigor, trámite previsto para el próximo 14 de febrero en Estrasburgo (Francia).


En el caso de que la Eurocámara lo apruebe, muchas secciones del acuerdo podrían aplicarse provisionalmente, según la misma fuente, incluso antes de que sea votado para su confirmación final en los parlamentos de los 28 países de la UE.


Pero antes del pleno del PE de febrero, varias comisiones de la Eurocámara tienen que pronunciarse sobre el CETA, entre ellas la de Comercio Internacional, previsiblemente el día 24 de enero.


Los convocantes de las movilizaciones consideran que los acuerdos como el CETA y el TTIP están pensados "únicamente para incrementar el flujo de inversiones, el comercio y el poder de las multinacionales", según uno de los portavoces de la campaña, Luis Rico.


Entre las críticas al CETA, COAG ha considerado que "supone la aceptación de que las empresas multinacionales puedan demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para proteger la población y el planeta", lo que en su opinión "consagra un sistema judicial paralelo".


También ha mencionado la "limitación de la capacidad de los gobiernos para revertir liberalizaciones y regular los servicios públicos, por lo que no pueden reforzarse mediante sanciones".


El CETA hace que ambas partes "sean más vulnerables a las crisis financieras, puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados (...)", ha insistido. 

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