Ganadería y Pesca

La Junta pide al Mapama que traslade a octubre la parada de abril para que la flota de arrastre pueda acceder a las ayudas

viernes, 21 de abril de 2017


La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha exigido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que traslade al mes de octubre la parada de la flota de arrastre del Mediterráneo prevista para el mes de abril, con el objetivo de que puedan beneficiarse de las ayudas destinadas a compensar este paro biológico. 


Ortiz ha explicado en el Parlamento que estas ayudas no han podido convocarse hasta el momento debido a que el Ministerio "aún no ha hecho su trabajo" y no ha celebrado todavía la Conferencia Sectorial en la que se aprueba la financiación y se establecen las modalidades de pesca y fechas de las paradas de la actividad pesquera que regula el Gobierno central, entre las que se incluye el arrastre del Mediterráneo. "Este retraso del Ministerio nos está impidiendo convocar estas ayudas", aseguró.


La consejera ha adelantado que en esta Conferencia Sectorial, Andalucía va a reiterar esta petición de "posponer a octubre el paro para la flota de arrastre y vamos a exigir además una financiación suficiente". Una decisión para la que la Consejería ha tenido en cuenta también los informes biológicos del Instituto Español de Oceanografía.


Asimismo, la representante del Gobierno andaluz ha reclamado al Ministerio que suavice los requisitos que establece la normativa estatal para acceder a estas ayudas, ya que "ha impuesto una serie de condiciones que están ocasionando que la mayoría de los armadores y tripulantes que han presentado sus solicitudes para compensar los paros de 2016 no vayan a poder beneficiarse de las mismas". 


Ortiz ha explicado que desde la Consejería "hemos pedido en numerosas ocasiones al Ministerio que modifique la normativa y sea sensible con las demandas del sector, pero a día de hoy éstas no han sido atendidas".


El Ministerio ha impuesto una serie de requisitos "de muy difícil cumplimiento", como son, entre otros, la permanencia de los buques en puerto durante todo el periodo computable de la parada y la obligatoriedad de mantener encendidos los dispositivos de localización durante todo el tiempo de parada. Esto conlleva, según han comunicado los pescadores a la Consejería, que se generen fallos técnicos en el caso de tener que mantener encendidos los dispositivos permanentemente o la imposibilidad de sacar el buque del puerto para su reparación o mantenimiento.


"Esto ha provocado que de las más de 300 solicitudes presentadas por armadores y tripulantes, solo 29 hayan podido acreditar los requisitos impuestos por el Gobierno central", ha informado Ortiz, quien ha recriminado la actitud del Ministerio, que ha llegado a trasladar por carta que es un problema que deberían resolver los propios armadores "comprando baterías más modernas", con el gasto extraordinario que supondría para el sector. 


Según la consejera, la ministra Isabel García Tejerina, en respuesta a la última misiva enviada desde la Consejería, remitía a una futura modificación del Real Decreto, pero hasta el momento no se ha realizado, por lo que desde la Junta se vuelve a exigir que estas modificaciones se adapten a las necesidades del sector pesquero andaluz, para que puedan beneficiarse de unas ayudas que son vitales para seguir garantizando su futuro y rentabilidad.


AYUDAS A JÓVENES AGRICULTORES


Por otra parte, la consejera ha informado en el Parlamento de que la Junta ya ha remitido al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente las primeras once solicitudes de jóvenes a la Reserva Nacional y el pago adicional de 2015, a las que corresponderán 877 derechos y un importe de 125.247 euros. Asimismo, ha explicado que ya se han realizado los trámites oportunos para que otros 88 jóvenes aporten la documentación necesaria, lo que podría suponer 2.215 derechos y 388.609 euros.


Según la titular de Agricultura, son 99 expedientes de jóvenes agricultores los que quedaron excluidos del acceso a los derechos de la Reserva Nacional y el pago complementario en el año 2015 debido a los criterios que impuso el Gobierno central. 


Carmen Ortiz ha recordado que una investigación de la Comisión Europea sobre la Solicitud Única de ese año ha confirmado el argumento del Gobierno andaluz de que las exigencias recogidas en la normativa estatal para beneficiarse de estas ayudas establecían unas condiciones no contempladas en el reglamento comunitario. La Consejería ya alertó en su momento de que estos requisitos nacionales dejaban indebidamente excluidos a algunos jóvenes agricultores.


En la campaña 2016, la Comisión Europea instó al Ministerio a modificar la normativa estatal eliminando esos requisitos no exigidos en el Reglamento comunitario, y ahora reclama que se aplique su criterio con carácter retroactivo. 


Para ambos casos se han aceptado las solicitudes de 2015 de aquellos que cumplían con el único requisito exigido por la Comisión, consistente en formación, sin aplicar las condiciones añadidas por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que requerían disponer de un expediente favorable de concesión de la ayuda de primera instalación o haber realizado su instalación como agricultor profesional en una explotación prioritaria.

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