Ganadería y Pesca

Comunitat Valenciana, Cataluña y Baleares, unidas por una gestión innovadora de la pesca de arrastre

domingo, 28 de mayo de 2017

Pesca arrastreFotoGeneralitatValenciana


Los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Catalunya e Illes Balears han hecho un frente común en favor de un modelo innovador de gestión de la flota de pesca de arrastre mediterránea que garantice el futuro del sector y la recuperación de los recursos marinos, en el marco de una gestión pública de los recursos pesqueros en corresponsabilidad con el sector. 


Los tres territorios, que concentran el 80% de las 612 embarcaciones de arrastre del litoral mediterráneo del Estado español, han elaborado una propuesta conjunta que da respuesta a la Comisión Europea, que ha instado los Estados miembros a tomar medidas urgentemente para poner fin al mal estado crónico de los recursos pesqueros a la región. 


Además, esta propuesta contrasta con la apuesta del Ministerio de Agricultura que podría conducir a una concentración de los derechos de acceso a los recursos pesqueros para este sector, de la mano de una desregulación de la gestión desde los poderes públicos, explicaron desde la Generalitat valenciana. 


La propuesta, firmada por la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián; la consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret; y el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Gobierno de Illes Balears, Vicenç Vidal, ha sido dirigida a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Los gobiernos de Catalunya, Comunitat Valenciana e Illes Balears han trabajado en esta propuesta conjunta que apuesta por una gestión comunitaria de los días de pesca totales anuales, que serían gestionados por las cofradías de pescadores sobre la base de unos totales de esfuerzo anual permisible establecidos por la administración de acuerdo con las recomendaciones científicas.

Con esta propuesta se quiere reforzar la naturaleza de bien público de los recursos pesqueros, que pertenecen al conjunto de la sociedad, de manera que sea la administración quien tenga la última palabra en su gestión global, al mismo tiempo que fomenta la corresponsabilidad y empoderamiento del sector al dejar a sus manos la responsabilidad a nivel local.

La propuesta persigue la recuperación de los recursos pesqueros mediante una reducción sustancial y progresiva del esfuerzo de pesca, de acuerdo con el asesoramiento científico, de manera compatible con el mantenimiento del actual masa crítica del sector, con el impulso a la valorización del producto y la mejora de la comercialización.

Adicionalmente, se hacen unas reflexiones sobre la adopción de medidas sobre la pesca de cerco. En este sentido, también se contempla una solicitud sobre la minoración del esfuerzo mediante la reducción de los días de pesca, o disminución de las capturas en sardina y boquerón entre otro tipo de medidas.

Una Comisión Técnica de Seguimiento formada por las administraciones, sector y científicos velaría por el reajuste adaptativo del plan, que tendría una vigencia de 5 años a partir del 2018, con una revisión al final del tercer año.

PROPUESTA DEL MAPAMA 

En las últimas semanas, responsables del Mapama habían informado tanto a las comunidades autónomas como al sector que están estudiando la introducción de un sistema de cuotas individuales transferibles de esfuerzo pesquero por el sector del arrastramiento mediterráneo.

Las mismas fuentes indicaron que este modelo, que iría acompañado de medidas de desregulación en aspectos como los horarios, ya se aplica en varios países del mundo, como Islandia, Canadá, Noruega o Nueva Zelanda, en el caso de pesqueras industriales.

Según muchos expertos, la aplicación de este sistema de gestión podría conducir a una concentración y privatización del acceso al recurso (el tiempo de pesca se podría comprar y vender de manera permanente) y conduciría a una drástica reducción, relocalización y concentración de la flota actual en detrimento del modelo mediterráneo de gestión familiar arraigada a la comunidad y al territorio, estructurado en cofradías y lonjas.

El modelo propuesto conjuntamente por Catalunya, Comunitat Valenciana e Illes Balears evitaría estos riesgos y da plena respuesta al reto del momento.


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