Autorizados los convenios con doce CC.AA para el sistema común de gestión, control y pago de las ayudas de la PAC

El Consejo de Ministros ha ratificado la autorización para la firma de los convenios entre el FEGA y doce Comunidades Autónomas para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y pago de ayudas directas y medidas de desarrollo rural en el ámbito del sistema integrado.

Este convenio permitirá durante los próximos años continuar la colaboración, iniciada el año 2014, entre los Organismos Pagadores (OOPP) de las Comunidades Autónomas que suscriban el convenio y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), para el mantenimiento del sistema denominada Sistema de Gestión de Ayudas (Sga).

Sga es un sistema creado en 2014 y desarrollado bajo la dirección del FEGA en colaboración con las distintas Comunidades Autónomas, según indicaron fuentes ministeriales. El desarrollo se realiza por parte del FEGA y se entrega a los Organismos Pagadores para que se instale en su infraestructura.

Desde la campaña 2015 el sistema está operativo en 12 de las 17 CCAA: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Madrid, Región de Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana y su desarrollo surgió como acuerdo en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 21 de enero de 2014. 

Los objetivos que se persiguen con el desarrollo en común son la aplicación uniforme de la Política Agraria Común (PAC) en todas las CC.AA usuarias del sistema sin menoscabo de sus competencias; el desarrollo de un sistema común en el que el coste de mantenimiento sea menor que el coste de mantener un sistema diferente por Comunidad Autónoma; y aprovechar la experiencia de las distintas CC.AA para lograr un sistema más completo que nos permita reducir errores y de esa manera reducir las correcciones financieras.

La duración del convenio ahora autorizado es de cuatro años (2017, 2018, 2019 y 2020), con posibilidad de dos años de prórroga, y en él se establecen las modalidades de uso del sistema por parte de las Comunidades Autónomas y las obligaciones de cada una de las partes firmantes, así como la participación económica de las CC.AA, que será de 972.791,22 euros anuales, calculado en función del número de perceptores de ayudas agrarias en la campaña 2016 y de la modalidad de uso elegida por cada comunidad.