OPINIÓN

España finaliza 2017 inmersa en la peor sequía de los últimos 20 años

jueves, 14 de diciembre de 2017

España padece una de las sequías más severas de los últimos decenios como consecuencia de la escasez de precipitaciones que ha dejado vacíos los embalses de las cuencas del sureste, pero también y de forma alarmante los del cuadrante noroeste, con registros en torno al 30 %, nunca vistos desde 1990.


El agua embalsada -a falta de contabilizar las últimas lluvias- se encuentra 20 puntos por debajo de la media de los últimos 10 años, una situación que se vuelve delicada en las cuencas del Miño-Sil, Segura, Júcar, Guadalquivir y sobre todo en la del Duero, con casi un 30 por ciento menos que hace 10 años.


Aunque en la península ibérica la sequía es un fenómeno habitual por su situación geográfica -el 75 % de su territorio es susceptible de sufrir desertización- hay que remontarse a los primeros años de la década de los 90, en concreto 1991-1995, para encontrar un episodio de escasez de agua tan agudo como este.


El estado de sequía actual es el resultado de años con poca precipitación -en 2014 y 2016 llovió un 6 % menos que la media-, de una primavera con escasas lluvias, la más seca desde 1965, y de las redes de abastecimiento a la población que pierden casi el 25 por ciento del agua.


A esos factores hay que sumar el fuerte incremento del turismo en todo el territorio y de la superficie de regadío que han originado una fuerte presión sobre los recursos hídricos.


El pasado año hidrológico (2016-2017) resultó muy seco en general, especialmente en la España más verde, con Galicia, norte de Castilla y León, gran parte de Asturias y Cantabria y áreas de Extremadura a la cabeza, seguidas de Andalucía y Canarias.


En dichas comunidades las precipitaciones no superaron el 75 % del valor normal, lo que le ha convertido en el octavo año con menos lluvias desde 1981.


En lo que llevamos de año hidrológico, la situación no ha mejorado, sino que incluso ha empeorado: el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre hasta noviembre es de 63 litros por metro cuadrado, un 58 % menos que el valor normal correspondiente a dicho periodo que es de 150 litros.


El testimonio de esta situación de extrema sequía se ve reflejado en la aparición de restos de edificios y monumentos pertenecientes a pueblos sumergidos por las aguas en la década de los 60, como la antigua iglesia de Santa Eugenia de Cenera de Zalima en el embalse de Aguilar de Campoo (Palencia) y el antiguo pueblo de Mansilla en La Rioja.


Uno de los efectos que más alarma causa en periodos de sequía es el desabastecimiento de la población, y aunque desde el Gobierno se asegura que se trabaja en evitar restricciones en agua destinada al consumo humano, si persistiera la situación, en algunas poblaciones podrían darse problemas en el suministro.


Pero la sequía no sólo ha complicado el abastecimiento humano sino que también ha castigado a la agricultura, un sector que emplea el 84,3 % del agua en España y representa el 2,5% del PIB, donde la prolongada falta de lluvias se ha dejado sentir de forma más alarmante.


Para las organizaciones agrarias más importantes, el impacto de la sequía se ha agravado en el campo -en sectores como el olivar, viñedo o ganadería-, y, si no cambia la situación en las próximas semanas, la falta de agua, podría marcar las campañas de 2018.


El impacto del estrés hídrico también es visible en la generación de energía hidroeléctrica debido a que, y según datos del Ejecutivo, la producción hidroeléctrica desde enero hasta noviembre ha sido un 51,5 % menor respecto al año anterior.


El Gobierno pretende alcanzar un consenso estatal para dar viabilidad a un nuevo pacto "Nacional por el Agua" centrado en cuatro capítulos: atención de déficit, cumplimiento de los objetivos fijados en los Planes Hidrológicos, puesta en marcha de los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación y medidas en materia de gobernanza del agua.


Además sería necesario el cumplimiento de todas las directivas comunitarias -incluidas las que afectan al tratamiento de las aguas residuales- para evitar, de esta manera, sanciones de la Unión Europea.


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