Andalucía regula por ley la lucha contra la obesidad

El Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de ley para la promoción de una vida saludable y una alimentación equilibrada, norma pionera en España que entre otras medidas exige a los restaurantes disponer de menús saludables y el acceso gratuito al agua potable en todos los lugares públicos.

Se trata de la primera vez que una comunidad autónoma regula con el máximo rango normativo el tratamiento de la obesidad, un problema que afecta en Andalucía a un 16,6 por ciento de la población adulta, un 23 % de la infantil y un 15,2 % de las pacientes gestantes.

La ley garantizará el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, de forma que se promoverá la dotación de fuentes en estos espacios y se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua refrigerada gratuita a través de sus dispositivos o junto a ellos.

En la misma línea, los bares y restaurantes deberán ofrecer a los clientes un recipiente con agua y vasos, de forma gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.

Además, el proyecto aprobado prevé la creación del Sistema de Información de Calidad Nutricional de los Alimentos en Andalucía, un índice global que se aplicará tanto a los productos envasados como a los de venta a granel o comercializados en comercios minoristas.

Con esta herramienta se podrán comparar alimentos y productos de la misma familia y entre diferentes marcas comerciales.

A las empresas andaluzas de alimentación se les exigirá que incluyan en sus sistemas de autocontrol la información que suministran al consumidor para asegurar que no promueven, de forma directa o indirecta, una alimentación no saludable o no equilibrada.

La nueva norma también exige habilitar aparcamientos de bicicletas en las empresas con más de 50 trabajadores o, en su defecto, en las inmediaciones de cada centro.

La consejera de Salud, Marina Álvarez, ha destacado en rueda de prensa que se ha otorgado el "máximo rango normativo a la lucha contra la obesidad", y se ha felicitado de que Andalucía haya dado "un paso adelante" en el refuerzo de los derechos ciudadanos.

Para hacer efectivo el derecho a una vida saludable se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración y tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares.

Entre otras medidas, se pondrán en marcha planes de formación específica de prevención y tratamiento de esta patología dirigida a los profesionales, además de incorporar la materia a los programas curriculares de Ciencias de la Salud.

El texto también prevé la elaboración del Plan Andaluz para la Promoción de la Actividad Física y la Alimentación Saludable, con medidas que se extenderán a centros educativos, universidades, espacios de ocio, empresas, establecimientos de restauración y centros de personas mayores y con discapacidad, así como de promoción del transporte activo, de los entornos que favorecen el ejercicio y de los espacios para facilitar la lactancia materna.

En materia educativa, los centros docentes tendrán que establecer, en un plazo de dos años, un tiempo mínimo recomendable de cinco horas efectivas semanales de actividad física.

Se prevén igualmente iniciativas para la distribución de frutas y verduras y la participación del alumnado en huertos escolares, con prioridad para las zonas con necesidades de transformación social.

La ley, que contiene un apartado de sanciones, incluye limitaciones en la publicidad comercial de alimentos y de bebidas no alcohólicas dirigida a menores de 15 años.