Agricultores, productores y cooperativas advierten del "daño irreversible" al sector de las enmiendas sobre el Mar Menor
La Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam), Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag), Asaja Murcia, y la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport) coinciden en el "daño irreparable" que, a su juicio, causarán al sector agrario regional las enmiendas presentadas al 'Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor', cuya votación tendrá lugar hoy lunes.
Por ello, piden a todos los grupos políticos con reprsesentación en la Asamblea Regional que tengan en cuenta sus demandas, entre ellas, no extender las medidas de protección del Mar Menor más allá de la Zona 1, al tiempo que denuncia la "falta de rigor científico" de varias propuestas de la oposición, así como el "daño gratuito e irreversible" que causarán a la agricultura en Campo de Cartagena.
En concreto, COAG y Fecoam consideran "lamentable" que los grupos políticos centren sus actuaciones y enmiendas en relación a la recuperación del Mar Menor "culpabilizando al sector agrario", mientras que Asaja Murcia advierte que los agricultores son "defensores del sostenimiento ambiental del Mar Menor".
Así, los grupos parlamentarios PSOE, Podemos y Ciudadanos han presentado modificaciones al texto del Gobierno regional que endurecen aún más las medidas contra la actividad agrícola, como el caso de la enmienda relacionada con la unificación de las medidas a aplicar en las tres zonas definidas, y no solamente en la zona 1, la más cercana a la laguna.
En esta línea, el texto propuesto pretende implantar los mismos requisitos en cuanto a sistemas de riego y de estructuras de vegetales de protección a todos los municipios del Campo de Cartagena, sin tener en cuenta la singularidad de cada uno de ellos, junto a la obligación de destinar el 5% de cada parcela a sistemas de retención de escorrentías, lo que supone "una inversión astronómica por parte de los agricultores".
Para las organizaciones agrarias, estas medidas suponen un perjucio para la agricultura, un sector al que se ha señalado "como único culpable del deterioro del Mar Menor", hecho que denuncian Fecoam y Coag, "ya que este es un problema en el que inciden muchos otros factores además del trabajo agrícola en el Campo de Cartagena, tales como las consecuencias ambientales que supone la navegación marítima, el incremento de la industria en el entorno, el crecimiento demográfico y las actividades relacionadas con el turismo y ocio o la actividad inmobiliaria".
Por ello, "abogamos por una ley integral elaborada con más rigor y unas miras más amplias, que proteja al Mar Menor implicando a todos los sectores productivos presentes en la zona", y reclaman que no se aprueben las enmiendas de forma apresurada, sino que se realice un debate más extenso contando con todos los afectados por la normativa.
Asimismo, los representantes del campo remarcan que "no se ha demostrado con certeza que las medidas y enmiendas del Real Decreto supongan un beneficio para el Mar Menor», siendo, sin embargo, un perjuicio para un sector tan importante en la economía de la zona y de la la Región de Murcia, ya que de entrar en vigor estas disposiciones se produciría «un descenso en la productividad y, por consiguiente, un impacto en los puestos de trabajo".
Desde Fecoam y Coag también subrayan el hecho de que el sector agrícola es uno de los principales interesados en que se mejore el entorno del Mar Menor, e insisten en que los profesionales del Campo de Cartagena utilizan unas buenas prácticas agrícolas, que permiten una agricultura sostenible.
ASAJA: "INJUSTICIA TOTAL"
La organización profesional agraria Asaja Murcia ha advertido que los agricultores son "los auténticos defensores del sostenimiento ambiental del Mar Menor y no son los responsables de su deterioro", y por ello, considera que las enmiendas al Decreto Ley para la sostenibilidad del Mar Menor de PSOE, Ciudadanos y Podemos que se debaten hoy, "no contemplan la acción de todos los sectores implicados y supondrán un perjuicio para la productividad agrícola".
Para el secretario general de Asaja Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, “es una injusticia total que grupos políticos con representación en la Asamblea regional centren sus actuaciones y enmiendas en relación a la recuperación del Mar Menor, haciendo responsable a nuestro sector agrario”.
El titular de Asaja Murcia ha explicado que “es necesario modificar algunas enmiendas propuestas para el 'Decreto Ley de Medidas Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, cuya votación para el próximo lunes. Creemos firmemente que los agricultores somos defensores del sostenimiento ambiental del Mar Menor, y por tanto no son enemigos del mismo”.
Es importante destacar, que el documento propuesto persigue implantar los mismos requisitos en cuanto a sistemas de riego y de estructuras de vegetales de protección a todos los municipios del Campo de Cartagena, sin tener en cuenta la singularidad de cada uno de ellos, junto a la obligación de destinar el 5% de cada parcela a sistemas de retención de escorrentías, "lo que supondría unas grandísimas inversiones que no son asumibles para nuestro agricultores”.
Para Asaja Murcia, “los profesionales del sector primario murciano no son los culpables del estado del Mar Menor, sino que somos sus guardianes, y en este problema intervienen otro aspectos como el sector de la navegación marítima, el sector turístico, el ocio, el mundo inmobiliario, etcétera”. Finalmente, Asaja es partidaria de que se “se establezca una mayor protección del Mar Menor, a través de una ley consensuada con todos los actores del y afectados implicados en el mismo”.
PROEXPORT: SÓLO EN LA ZONA 1
Por su parte, Proexport reclama a los grupos políticos con representación en la Asamblea Regional no extender las medidas de protección del Mar Menor más allá de la Zona 1, al tiempo que denuncia la "falta de rigor científico" de varias propuestas de la oposición, así como el "daño gratuito e irreversible" que causarán a la agricultura en Campo de Cartagena.
“A pesar de la lejanía de sus explotaciones y su prácticamente nula incidencia al Mar Menor, a los agricultores de Fuente Álamo, Corvera o Sucina se les pretende imponer las mismas y duras restricciones para cultivar que ya afectan a los de Los Alcázares, San Javier o Los Belones”, señaló Javier Soto, vicepresidente de Proexport.
Según la Asociación de productores y comercializadores hortofrutícolas, así será si como pretenden los grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Podemos) aprueban la extensión a todo el Campo de Cartagena de las medidas ya contempladas para la zona 1, la más cercana a la laguna, en la ponencia de reforma del decreto ley de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad Ambiental del Mar Menor.
En este sentido, desde Proexport pidem "coherencia y responsabilidad" a todos los grupos de la Asamblea Regional para no extender las medidas más allá de la zona 1 "y evitar lo que más parece una caza de brujas". Así, mencionan que los productoresa los pies de la Sierra de Carrascoy tengan que implantar setor en los lindes de sus parcelas, al igual que ya hacen quienes están situados a 100 metros del Mar Menor.
También critican el requisito de modificar los sistemas de riego por goteo, para adaptarlos a las curvas de nivel, y cifran en un coste de entre 486 y 547 millones de euros la obligación de destinar un 5% de la superficie de cada parcela a sistemas de retención de nitratos, pues "obligará a dejar sin producir 6.077 hectáreas", además que al tener que sufragarlo íntegramente los agricultores supondría "el mayor impuesto medioambiental que jamás se les haya aplicado".
Proexport recuerda que presentó a los grupos políticos en agosto y de nuevo en diciembre un completo y riguroso dossier de alegaciones a 27 de las 43 enmiendas presentadas por la oposición, advirtiendo de graves errores técnicos y proponiendo alternativas para asegurar la sostenibilidad del entorno agrícola del Mar Menor.
“Dicen que nos han escuchado pero lo cierto es que no han demostrado suficiente sensibilidad hacia las propuestas racionales y sostenibles que vienen del sector agrario. Pedíamos responsabilidad, nada más. Si no lo remedian el lunes, acabarán endureciendo en extremo un Decreto Ley que toma al agricultor como cabeza de turco de los desmanes que todos los sectores sin excepción han tenido en el entorno del Mar Menor durante décadas”, señaló Javier Soto.
"DAÑO GRATUITO" AL SECTOR AGRARIO
Según Abelardo Hernández, ingeniero agrónomo de Proexport, “no es necesario ser experto para deducir que no puede afectar igualmente al Mar Menor un cultivo que esté a sólo 100 metros de distancia, como otro que esté a 50 Km. Como tampoco tendrá la misma afectación una zona de cultivo situada sobre un acuífero que se encuentra a una profundidad de 20 m. que a 300 metros”.
Para Hernández, “no es razonable ni se soporta científicamente que en caos tan diferentes tengan que cumplir las mismas medidas de protección, pero las que proponen los grupos de la oposición son iguales. Se causaría con ello un daño gratuito al sector agrario en Campo de Cartagena”.
Más grave todavía: las enmiendas pretenden que las restricciones a la actividad agraria que presenta una zona que ha sido legalmente declarada como “vulnerable a la contaminación por nitratos”, se extiendan de igual forma a otras no vulnerables, en la que ningún organismo público ha estudiado ni valorado la incidencia que tienen las prácticas agrícolas propuestas en la calidad del agua subterránea.
Proexport denuncia que una medida como ésta en particular no se conoce en ninguna otra parte de España, denota la "falta de sensibilidad o de conocimiento técnico agrario de los grupos que la defienden" y por ello les solicita su "rectificación urgente".
"SOSTENIBILIDAD RESPONSABLE"
El vicepresidente de Proexport enfatiza que “el Mar Menor es de todos, incluidos los productores agrícolas en Campo de Cartagena, su estado nos preocupa como al que más y por eso adoptaremos todas las medidas obligatorias y voluntarias que sean necesarias".
"Lo que nos parece una irresponsabilidad absoluta es pretender imponer ciertas medidas que nadie garantiza que funcionen, que supondrán un sobrecoste muy importante a los productores y que, además, quieran hacerlo en toda la superficie del Campo de Cartagena por igual, sin siquiera ser capaces de diferenciar según el grado de afección que cada zona tiene”, añade.
Los efectos de estas enmiendas, por aprobar, se sumarán a los provocados por otras, ya aprobadas. Es el caso de la que prohíbe la mayoría de los fertilizantes nitrogenados existentes, autorizando, única y exclusivamente aquellos que contengan inhibidores de la nitrificación, cuando no hay ningún estudio independiente que permita asegurar que el uso de estos abonos aporta alguna ventaja medioambiental a medio o largo plazo.
"Lo que sí es seguro es que limitará en extremo los fertilizantes disponibles para cultivar desde los Alcázares hasta Cuevas de Reyllo e incrementará inevitablemente los costes de producción", apunta en un comunicado la patronal productora y exportadora.
"SIN CONSENSO"
Para Proexport "no sólo la oposición sería responsable de lo que pase", pues "el Gobierno regional fue quien elaboró el Decreto Ley que ahora se está reformando y ya en su día recibió alegaciones del sector que sólo atendió de forma muy parcial". "Se hizo con prisas y en una situación de elevada crispación social, pero en él se incluyeron dos regímenes sancionadores" que, según Proexport, presentan "una grave inseguridad jurídica para los productores agrarios".
Sirva de ejemplo indicar que es sancionable económicamente el “incumplimiento del código de buenas prácticas agrarias”, un documento de 24 páginas de un complejo carácter técnico, elaborado originariamente como para actuar como guía voluntaria y, por tanto, repleto de expresiones como “resulta adecuado”, “deseable”, o “en la medida de lo posible” que abren la puerta a la interpretación y subjetividad de la Administración o de cualquier posible denunciante.
Llamativo es también para Proexport que "prohíbe usar agua con más de 3dS/m de conductividad, una calidad de agua muy deseada por todo agricultor, pero extremadamente escasa en la Región de Murcia".
