El Consell reactiva la concentración parcelaria en los municipios de Oliva y Pego, paralizada desde los años 70
VALENCIA Agrodiario lunes, 22 de enero de 2018
El pleno del Consell ha aprobado el decreto que declara de utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria en la zona de los términos municipales de Oliva y Pego, y que reactiva esta actuación tras numerosos años pendiente de desarrollo.
De esta forma, se retoma esta acción que ya se declaró de utilidad pública por decreto en 1970, aunque no se llevó a cabo, y quedó suspendida en 1994, tras la creación del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva mientras no se elaborara el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del citado espacio natural protegido.
La nueva norma delimita el perímetro de concentración, que será el del coto arrocero establecido en los términos municipales de Oliva y Pego, autoriza a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural para adquirir fincas con el fin de aportarlas a la concentración y declara que las mejoras de interés agrícola privado que se acuerden gozarán de los beneficios máximos establecidos en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario; todo ello en el marco del PORN.
En el año 2004, el Consell aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Marjal de Pego-Oliva, que considera compatible el mantenimiento de las actividades agrarias tradicionales que se vienen realizando, especialmente en el cultivo del arroz -práctica protegida por su interés ecológico, socioeconómico y cultural-, y el establecimiento de una zona de especial protección dentro del parque natural.
De esta forma, se hacía necesario reemprender los trabajos de concentración paralizados en 1994. Para ello, se ha decidido la aprobación de un nuevo decreto, ya que los 48 años pasados desde que se declaró la utilidad pública de la concentración parcelaria de los terrenos citados lo hacían aconsejable.
Con la nueva disposición normativa aprobada por el Consell, se busca añadir seguridad jurídica al Decreto 1068/1970 de 21 de marzo, que sigue vigente, y conjugar, de forma sostenible, los intereses de los agricultores propietarios de los terrenos que conforman el Parque Natural con la protección de los valores ambientales, paisajísticos y culturales del marjal.
En definitiva, fuentes de la Generalitat valenciana indicaron que, "como la dispersión parcelaria persiste en la zona, por razones de necesidad y eficacia se hace necesario continuar con el proceso comenzado en 1970".
