COAG acusa a Competencia de proteger a la industria oleícola en contra de los olivareros
La organización agraria COAG ha acusado este lunes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de proteger a la industria del aceite de oliva en contra de los intereses de consumidores y olivareros.
El pasado miércoles, la CNMC advirtió de que la propuesta de norma del Gobierno para activar la retirada obligatoria de aceite de oliva del mercado "puede causar perjuicios a consumidores y operadores" y, también, "encarecer los precios".
COAG ha denunciado la "incongruencia" del organismo, al que ve "alineado" con los intereses de la industria y del comercio frente a productores y consumidores.
El responsable estatal del Olivar de la organización agraria, Juan Luis Ávila, ha asegurado en un comunicado que la CNMC "no sólo incumple su cometido, sino que da cobertura a quienes especulan con el aceite de oliva".
Según COAG, la medida de retirada de aceite está contemplada tanto en la normativa comunitaria como en la nacional, que se desarrollará con la nueva norma, y solo se activará en situaciones de sobreoferta, cuando el volumen de existencias iniciales más la producción alcance al menos el 120 % de la media de las seis campañas anteriores y sin que la retirada supere el 20 % de la producción estimada.
La organización ha destacado que el objetivo no es encarecer el producto, sino dotar de estabilidad al mercado, garantizando precios razonables para los consumidores y un mínimo de viabilidad para los productores.
Asimismo, COAG ha criticado que la CNMC nunca se pronuncia ni actúa frente a los desorbitados márgenes comerciales que se dan en el mercado, agravados en los últimos años", como muestra el Índice de Precios Origen-Destino (IPOD) elaborado por dicha organización, con diferenciales de más de un 500 % entre lo que percibe el agricultor y lo que paga el consumidor en el lineal.
"Es vergonzoso que la CNMC arremeta contra una norma necesaria y beneficiosa, mientras guarda silencio ante los abusos que sí perjudican directamente a los consumidores. Con su postura, este organismo se quita la careta y evidencia que defiende intereses ajenos al bien común", ha afirmado Ávila.