Investigado un piloto de dron por aplicar herbicida en un campo de cebada y dañar frutales

Dron agrícola (Foto UPC) Archivo

La Guardia Civil de Lérida ha abierto una investigación por un presunto delito de daños al piloto de un dron de una empresa de trabajos agrícolas que aplicó herbicida en parcelas de cereales en un pueblo de Lleida, que presuntamente se dispersó en fincas vecinas de frutales y causó daños.

Los propietarios de las parcelas afectadas presentaron una denuncia ante la Guardia Civil, que averiguó que una empresa dedicada a trabajos agrícolas mediante drones, con sede en la provincia de Tarragona, había sido contratada para aplicar herbicida con un dron en parcelas sembradas de cebada.

Según la Guardia Civil, "posiblemente, al no tener en cuenta los factores climatológicos, los herbicidas se dispersaron a las parcelas colindantes, cultivadas con frutales que, en ese momento, se encontraban en fase de floración, provocando daños en los árboles, y por tanto, en su producción".

La Guardia Civil inició la investigación denominada 'Vent de Ponent', y tomó muestras, junto con técnicos de sanidad vegetal de Cataluña, tanto en las parcelas cultivadas con cebada como en las parcelas de árboles frutales afectadas, que se remitieron al Laboratorio Agroalimentario de Cabrils (Barcelona).

La investigación constató que la empresa tarraconense no disponía de autorización para aplicar fitosanitarios mediante drones y, según la Guardia Civil, se utilizaron herbicidas prohibidos para su aplicación aérea.

Una vez finalizadas las gestiones por parte de los agentes, se procedió a la investigación del piloto de dron, perteneciente a la empresa que realizó la aplicación, como presunto autor de un delito de daños.

La Guardia Civil destaca que este tipo de aplicaciones mediante drones se encuentra actualmente en auge, pero que, al tratarse de aplicaciones con actuaciones aéreas, estas deben cumplir de forma estricta con la normativa vigente y contar con las autorizaciones pertinentes, entre las que se incluyen las exigidas en las normativas de Seguridad Aérea y la Sanidad Vegetal.

Los investigadores han entregado las diligencias al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Balaguer (Lérida).