Piden al Parlamento Europeo que actúe ante explotación en invernaderos de Huelva y Almería
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha enviado una carta a todos los grupos políticos del Parlamento Europeo en la que reclama que se ponga fin a dos décadas de explotación laboral en los asentamientos agrícolas de Huelva y Almería, donde miles de personas migrantes viven y trabajan en condiciones que califican de "inhumanas".
Según un comunicado, la entidad ha remitido a los eurodiputados su informe Frontera Sur 2025, centrado en la situación de los asentamientos chabolistas donde residen muchos de los trabajadores del campo.
El documento, elaborado durante 2024, denuncia la sistemática vulneración de derechos humanos en el marco del modelo agroindustrial del sur de España, que abastece a buena parte de Europa.
Según la APDHA, las personas migrantes "trabajan bajo el plástico y viven bajo el plástico", sin acceso a agua potable, electricidad, saneamiento ni condiciones laborales dignas. Uno de los aspectos más alarmantes del informe es el uso de envases de agroquímicos para almacenar agua de uso doméstico, con el consiguiente riesgo para la salud.
La investigación combina entrevistas con personas residentes en los asentamientos, organizaciones sociales y representantes institucionales. Sus conclusiones apuntan a una "gestión institucional opaca e ineficaz", caracterizada por la falta de soluciones habitacionales y la negación del empadronamiento, requisito clave para acceder a servicios como la sanidad o la educación.
La APDHA asegura que las administraciones públicas no solo conocen esta realidad, sino que "la permiten" al delegar su responsabilidad en las ONG con financiación limitada y temporal. También denuncia la existencia de una "economía sumergida del empadronamiento", tolerada por los propios ayuntamientos.
Además, vincula esta situación con las políticas migratorias europeas y acuerdos de externalización de fronteras como el firmado entre España y Marruecos, que fuerzan a muchas personas a entrar en Europa por rutas cada vez más peligrosas, para luego ser condenadas a la precariedad y explotación.
La organización reclama que se abra un debate jurídico y político en el seno de la UE sobre el respeto a los derechos de las personas migrantes que trabajan en el campo. "No pedimos caridad, pedimos dignidad, vivienda, sanidad y derechos laborales", afirman algunos de los testimonios recogidos.