El coste de haber frenado el control cinegético

La entrada de la peste porcina africana (PPA) en la población de jabalí en Cataluña no es un accidente aislado ni un episodio desgraciado. Es la consecuencia directa de un escenario de riesgo construido durante años: densidades descontroladas de jabalí, acceso permanente a la basura urbana y sustitución del control cinegético por políticas simbólicas e ideologizadas. La enfermedad es el síntoma; la gestión, la causa.

Desde el punto de vista ecológico y epidemiológico, el proceso es fácil de entender: si aumentan las densidades de un ungulado silvestre en un territorio limitado, si se reduce su umbral de desconfianza hacia entornos antropizados y si se le facilita acceso continuo a residuos humanos, el riesgo sanitario deja de ser eventual para convertirse en estructural. En ese punto, la pregunta no es si aparecerá una enfermedad, sino cuándo y con qué coste.

Durante la última década, en amplias zonas de Cataluña se ha abandonado la lógica de la gestión basada en la ciencia —control de densidades mediante caza regulada— y se ha sustituido por una narrativa urbana y emocional donde el cazador es presentado como un estorbo y no como lo que es: la herramienta sanitaria y ambiental más eficaz, más sostenible y más accesible para el control poblacional de ungulados silvestres. A esa narrativa han ido asociadas decisiones políticas: trabas normativas, burocracia, restricciones a batidas y delegación del problema en soluciones “alternativas” no escalables.

El resultado es conocido: un ecosistema tensionado y una fauna desnaturalizada. El jabalí no invade la ciudad por capricho; lo hace porque allí obtiene alimento fácil, seguro y abundante. Y que un jabalí acceda a restos de productos cárnicos contaminados no es una casualidad trágica: es la consecuencia directa de permitir que ingrese al circuito de residuos humanos. Cuando un animal salvaje queda integrado en la cadena alimentaria urbana, el riesgo epidemiológico es inevitable. Esa integración no la provoca un bocadillo aislado: la provoca la política pública que permite que el animal llegue al contenedor.

Y el mecanismo siempre es el mismo:
Primero se limita o se demoniza la caza.
Después se dispara la densidad de la especie.
Luego llegan los daños agrícolas, los accidentes de tráfico, los atropellos, los ataques a mascotas y la entrada al casco urbano.
Y finalmente aparece la enfermedad.
Cuando sucede, entonces se recurre de nuevo, siempre tarde, al cazador como herramienta correctora de emergencia, como si no hubiera sido advertido desde el primer día que esto iba a ocurrir.

Lo más grave es que no hablamos de una región aislada. Hablar de “el problema de Cataluña” es una simplificación peligrosa. Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y parte de Castilla y León presentan ya indicadores demográficos del jabalí que replican, con retraso, la curva catalana. Allí donde se está relajando el control cinegético o politizando la gestión de fauna, el reloj epidemiológico ya está corriendo. Si el jabalí urbanizado y habituado a la basura se consolida en cualquier otro territorio español, el desenlace será idéntico: primero el desorden ecológico, después las pérdidas agrícolas, luego el riesgo vial y, finalmente, la infección.

Cataluña ya ha recibido la factura.
La cuestión ahora es si el resto del país tomará nota o esperará a que la próxima crisis llegue a su territorio para reaccionar. Porque la biología no entiende de ideologías, la epidemiología no responde a lobbies y los virus no votan. La única gestión que ha funcionado siempre en el mundo real es la que escucha a quienes viven en él: los cazadores, los técnicos rurales y los profesionales que llevan generaciones manteniendo el equilibrio de la fauna.

No rectificar ahora no es una cuestión de opinión:
es aceptar un riesgo sanitario, económico y ambiental que está plenamente anunciado.

José Juan Fernández Avellaneda
Técnico cinegético en la Región de Murcia y concejal de Vox en Bullas