La guerra del agua sigue dando malas noticias
La lamentable fragmentación de España en Comunidades Autónomas ha traído consecuencias dramáticas para muchas políticas públicas. La desigualdad para el acceso a los servicios esenciales cuestiona los logros del Estado del Bienestar y nos coloca al lado de las democracias fallidas tras 50 años de bipartidismo.
Una de las funciones estatales que han resultado más desbaratadas es la garantía del agua para todas las necesidades básicas. Por imperativo legal, el Estado, tiene que ofrecer un buen suministro de agua, tanto para el abastecimiento urbano e industrial como para las dotaciones de regadío que dan seguridad alimentaria a la nación.
Para cumplir ese cometido contamos con personal muy cualificado y sabemos cómo hacer planes hidrológicos para repartir correctamente el agua que hay en España. Tenemos departamentos universitarios que estudian los recursos superficiales y subterráneos, la desalación y las aguas residuales. Y también nuestro sector empresarial es una referencia mundial como lo demuestran sus carteras de negocio. En consecuencia, tenemos que interrogar cómo es posible que teniendo agua suficiente a nivel nacional no seamos capaces de distribuirla entre los territorios por medio de una red de suministros para generar energía y seguridad alimentaria al mismo tiempo.
En España desde 1987 hemos elaborado tres generaciones de planes hidrológicos de cuenca e incluso un plan hidrológico nacional en el año 2001. El problema es que todos esos planes no han servido para garantizar los suministros a las zonas con sequía estructural ni tampoco para evitar las recurrentes inundaciones. Y ahora resulta que el tercer ciclo de planificación (2023-2027) contiene propuestas tan destartaladas que sólo sirven para rearmar el histórico enfrentamiento por el agua entre las Comunidades Autónomas.
Y lo que es más grave, los actuales planes hidrológicos del tercer ciclo, aprobados por Real Decreto 35/2023, no satisfacen las necesidades de agua por su torpeza y mala técnica a la hora de fijar los caudales ecológicos. La determinación irregular de los caudales ecológicos se ha politizado y judicializado hasta ocasionar una nueva guerra civil por el agua que todavía no ha terminado.
En la batalla judicial que estamos viviendo se ha llegado a cuestionar y desmontar todos los fundamentos manejados para sostener el armazón jurídico del Trasvase Tajo-Segura, es decir, en la actualidad ha saltado por los aires la idea de que esta obra hidráulica cuenta con una legislación propia desde 1980 que el plan del Tajo debe respetar en beneficio del Segura. Y todo ello desbaratando una lógica de aprovechamiento conjunto de los embalses de Entrepeñas y Buendía, situados en la cabecera del Tajo, que fueron construidos para dar servicio al Trasvase.
Y ahora todas las miradas están puestas en el Tribunal Supremo que sigue revisando la legalidad de los planes hidrológicos, singularmente el plan del Tajo. Este plan se caracteriza por los recortes a los regadíos del Trasvase para el Levante y por los recortes para algunas dotaciones de regadío en la propia cuenca del Tajo. Hasta ahora el Tribunal Supremo dice que tiene las manos atadas por las normas que conceden prioridad a los caudales ecológicos sobre las necesidades de la agricultura. Inicialmente se pensó que el recorte del Trasvase iba a ser anulado por ser arbitrario en sus mediciones, elaborado sin procesos de concertación, saltándose los informes, cambiando los documentos en los órganos consultivos e incluso causando un daño injusto a las provincias de Alicante, Murcia y Almería.
Pero todos esos argumentos han sido desestimados por el Tribunal Supremo al quedar agrupados en un único razonamiento, en la sentencia de 21 de octubre de 2025, donde dice que el gobierno ha obrado dentro de las posibilidades de su “discrecionalidad técnica”, es decir, dentro de la libertad que le concede la Ley de Aguas para gestionar los recursos hídricos. Y si el gobierno, sin vulnerar su margen de discrecionalidad, decide recortar 100 hectómetros del Trasvase, ningún Tribunal puede cambiar esa decisión por otra decisión (igualmente discrecional) derivada de su propia opinión o de lo que opinen las partes del litigio.
Sin embargo, ese criterio contradice el argumento empleado para dar la razón a los agricultores de frutos secos, almendro, nogal y pistacho en las cuencas del Tajo y Guadiana. Si ponemos la vista en la sentencia del Tribunal Supremo, de 3 de noviembre de 2025, vemos que se ordena la revisión de las dotaciones de agua para esos cultivos porque el gobierno no ha justificado debidamente los recortes ni ha admitido las pruebas de los regantes en la fase de elaboración del plan hidrológico.
Pues bien, lo mismo podemos decir para los regantes del Levante español. El desvío de la dotación del Trasvase para incrementar los caudales ecológicos no deja de ser una decisión desmotivada y sin admitir las pruebas aportadas por los afectados. La mala noticia es que el Tribunal ha preferido no enfrentarse a la densidad técnica y conceptual contenida en todo el cuerpo de informes y pruebas aportados por el Levante. Los magistrados han preferido refugiarse en el argumento sencillo y poco sofisticado de que el gobierno ha actuado dentro de su margen de libertad para tomar decisiones discrecionales en las asignaciones de agua.
El resultado es que se ha dado por bueno el disparate de restar el agua del Trasvase para custodiar el medio ambiente, por encima de lo previsto en la legislación del Trasvase, e incluso aunque esa necesidad de pureza ecológica se derive de la presencia de las aguas residuales que la Comunidad de Madrid vierte al Jarama formando una mancha negra visible a partir de su confluencia con el Tajo. Lo que no resulta legítimo es diluir (con agua para los agricultores del Segura) toda la porquería vertida por las Comunidades Autónomas en la cuenca del Tajo.
Antonio Martínez Nieto, diputado de VOX en la Asamblea Regional y presidente en la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua