COAG critica la eliminación de la validez de los acuerdos verbales en la cesión de tierras
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha expresado este jueves su "preocupación" por las modificaciones introducidas por el Real Decreto 916/2025 en materia de disposición de parcelas, ya que elimina la validez de los acuerdos verbales en la cesión de tierras.
Pide por ello al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) "una flexibilización normativa acorde a la realidad del minifundio, para no añadir más trabas a la incorporación de jóvenes al campo en las zonas más despobladas".
En un comunicado, la asociación agraria ha afirmado que, esta normativa, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 15 de octubre, "se carga de un plumazo la validez de los acuerdos verbales, una práctica habitual en la cesión de tierras, con cuatro siglos de historia en el campo español".
Según su análisis, dicha normativa modifica el artículo 40 del Real Decreto 1047/2022 que regula el sistema de gestión y control de las intervenciones de la Política Agraria Común (PAC), "endureciendo los requisitos para que los agricultores y ganaderos acrediten el derecho al uso de las fincas de su explotación".
A su juicio, esta exigencia "desconoce la realidad de amplias zonas del territorio nacional, especialmente en el caso de minifundios, tierras marginales, pastos y zonas despobladas, donde los acuerdos verbales entre propietarios y usuarios son la norma histórica, no la excepción".
"La situación se agrava" en territorios de la España vaciada donde, tras el fallecimiento del titular original de las parcelas resulta imposible contactar con los herederos o no existe información sobre su identidad, han apuntado las mismas fuentes.
COAG ha denunciado, además, que la normativa obligará al solicitante de derechos de ayuda básica a la renta procedentes de la reserva nacional a que todas las parcelas estén a su disposición, sin un umbral mínimo de tamaño para su aplicación.
"Sería muy lamentable que esta exigencia pudiera disuadir a jóvenes con intención de instalarse en estas zonas tan despobladas", porque "esta ausencia de acreditación documental no es culpa del agricultor o ganadero, sino de las circunstancias que concurren en estas zonas rurales y que les impiden obtenerla", ha advertido.
Al respecto, ha criticado que la nueva normativa haya eliminado la referencia que permitía a las comunidades autónomas establecer un tamaño mínimo de parcela de dos hectáreas por debajo del cual no era necesario realizar controles sobre la identificación del propietario de parcelas.