El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido hoy con el Consejo Rector de Cooperativas Agro-alimentarias de España para analizar posibles medidas que aporten soluciones a la situación de crisis que padece el sector. Las empresas cooperativas tienen una amplia implantación en el tejido económico y social del medio rural español.
Durante la reunión, el ministro ha insistido en la necesidad de que las cooperativas ganen en dimensión para resultar más competitivas y reforzar su posición negociadora, para lo que resulta fundamental abrir un debate a todos los niveles. Para facilitar esta tarea, el Gobierno modificará la ley de integración cooperativa.
Actualmente hay 11 Entidades Asociativas Prioritarias reconocidas de ámbito supraautonómico, que concentran algo más del 10% de la facturación del sector cooperativo agroalimentario español. El Ministerio destina 203 millones de euros de inversión pública, dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural, para fomentar este tipo de entidades, principalmente a través de la financiación de inversiones para mejorar la transformación y comercialización.
El ministro también se ha referido a la próxima modificación de la Ley de la cadena alimentaria, con el objetivo de lograr un reparto más justo del valor de los productos agrarios a lo largo de la cadena, para que agricultores y ganaderos reciban el valor que les corresponde por su trabajo.
Con esta modificación normativa se busca establecer una relación más precisa de prácticas comerciales prohibidas, una regulación contra la destrucción del valor de los productos agrarios y la obligatoriedad de la inclusión del coste de producción para el establecimiento de los precios en los contratos.
Otra de las iniciativas del Gobierno va a consistir en el cambio de la Ley de organizaciones interprofesionales para que éstas puedan acometer más acciones y mejorar sus instrumentos de funcionamiento, informaron fuentes ministeriales.
El ministro también ha informado de los avances en la elaboración del real decreto que regulará el reconocimiento de las organizaciones de productores y sus asociaciones en los sectores que hasta ahora no poseían esta regulación. Estas organizaciones cuentan con herramientas para planificar la producción y su ajuste a la demanda, la optimización de los costes, la concentración de la oferta y la comercialización conjunta de la producción de sus asociados, disponiendo para ello de fondos que la UE pone a su disposición.