El plazo de presentación de solicitudes para la segunda convocatoria de ayudas del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha finalizado con 238 proyectos presentados que abarcan aproximadamente 3.500 municipios de todo el territorio español, de los cuales, aproximadamente, un 70% son municipios de pequeño tamaño, es decir, inferior a 5.000 habitantes.
Se han presentado solicitudes de municipios de todas las comunidades autónomas y provincias del territorio español, dando servicio a un total aproximado de 40 millones de habitantes.
Mayoritariamente los proyectos contemplan varios términos municipales, no obstante, el número de municipios atendidos varía desde uno, hasta más de 20 municipios dentro del ámbito territorial de ejecución del proyecto, alcanzando una de ellas hasta 315 municipios.
Las solicitudes recibidas han sido tanto individuales como grupales. El número de entidades participantes en la presente convocatoria es de más de 400, tanto de naturaleza pública como ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades o empresas públicas, entre otras, de naturaleza público-privada, como empresas municipales mixtas y consorcios, y también operadores privados.
Las cuantías de ayudas solicitadas oscilan entre los 500 mil y los 10 millones de euros, alcanzando una ayuda solicitada el total de 1.084.770.387,37 euros con intensidades de ayuda solicitadas que varían entre el 20% y el 100% del coste subvencionable total de las actuaciones.
El objetivo fundamental de todas estas iniciativas es la de mejorar la eficiencia del ciclo integral urbano del agua desde la captación, almacenamiento y distribución, hasta el saneamiento y depuración, contribuyendo de esta manera a realizar un uso más eficiente y sostenible de este recurso.
En las solicitudes presentadas, proponen proyectos completos, estando incluidas en el conjunto de la convocatoria toda la tipología de actuaciones financiables.
Una vez finalizado el plazo de presentación de propuestas comienza el periodo de su estudio y valoración, para el que hay un plazo previsto de seis meses., indicaron fuentes ministeriales.