El Gobierno de Murcia estudia acciones legales contra la CHT por "irregularidades" en los desembalses

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves que requerirá formalmente información a la Confederación Hidrográfica del Tajo "tras las irregularidades detectadas en su gestión", entre las que ha citado "desembalses superiores a los necesarios", como paso previo a iniciar eventuales acciones judiciales.

Esta medida se adopta, ha explicado, después de que la Comunidad Valenciana haya elaborado un informe que identifica "desembalses superiores a los necesarios para mantener el caudal ecológico, irregularidades en los envíos de agua, falta de transparencia, ausencia de datos verificables y la inexistencia de planes de evaluación de los caudales ecológicos, obligatorios desde 2024".

Durante el ‘Foro Horizonte 2027. Los retos del agua: la encrucijada del trasvase’, organizado por el Diario La Verdad, ha dicho ser "consciente" de que la Confederación del Tajo ha presentado en su gestión "irregularidades que ya ha señalado la Comunidad Valenciana y que han avalado los Servicios Jurídicos del Ejecutivo regional". 

"Hasta el momento se niegan a aportar información, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y vamos a requerirla formalmente", ha afirmado.

En referencia a la situación que atraviesa el Tajo-Segura, con la amenaza del recorte del 50 por ciento de caudales en 2027, López Miras ha señalado que Murcia se encuentra en "una encrucijada". 

"Tenemos que unir a toda la sociedad y a toda la clase política”, ha indicado.

En este sentido, ha advertido de que "no hay ninguna alternativa" viable que permita sustituir el caudal del Trasvase Tajo-Segura.

Y ha añadido que la supresión prevista para 2027 coincidiría con el cierre aproximado del 50 por ciento del acceso actual a aguas subterráneas. 

"Hemos exigido ya por carta al Ministerio una moratoria para evitar ese cierre, pero si esto se consuma, no hay alternativa posible", ha reiterado.

A su juicio, la desalación "no es una alternativa tanto por el coste como porque técnicamente es muy difícil que el agua llegue a zonas de interior". 

"Desde que se proyectó la desaladora de Torrevieja (Alicante) hasta que empezaron a llegar las primeras aguas transcurrieron doce años", ha criticado.

"El recorte del trasvase es una decisión estrictamente política, no técnica ni científica", ha denunciado el presidente murciano, quien ha apuntado que el Ministerio "no puede ampararse en las sentencias del Tribunal Supremo” porque éstas solo aclaran “competencias", no la idoneidad de las medidas.