Narbona niega ser antitrasvasista y defiende una gestión del agua con prudencia climática

La exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona ha defendido este viernes en la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura, que se celebra en la Asamblea Regional de Murcia, que nunca ha sido “una fundamentalista antitrasvasista”, al tiempo que ha reivindicado una gestión basada en el conocimiento científico, la evaluación ambiental y la prudencia ante el cambio climático.

Narbona, actual presidenta del PSOE, ha subrayado que durante su etapa al frente del Ministerio, entre 2004 y 2008 bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, no tuvo “ninguna intención” de cerrar el Trasvase Tajo-Segura ni se produjo reducción alguna de los caudales conforme a las reglas vigentes. “Entendía que era ministra de todos los españoles”, afirmó, rechazando planteamientos “sectarios” en materia de agua.

La exministra ha recordado que la modificación de la Ley del Plan Hidrológico Nacional de 2001 supuso la eliminación del proyecto de trasvase del Ebro, pero atribuyó su abandono a la negativa de financiación por parte de la Comisión Europea, más que a una decisión unilateral del Ejecutivo. Según explicó, la magnitud y el coste del proyecto impidieron su viabilidad sin respaldo comunitario, lo que llevó a trabajar en alternativas dentro del denominado Programa Agua.

En relación con el Trasvase Tajo-Segura, insistió en que durante su mandato no se revisaron las reglas de explotación. La disposición adicional primera de la reforma legal de 2005 establecía expresamente que dichas reglas no serían modificadas en esa legislatura y que cualquier cambio futuro debería vincularse a inversiones en la cuenca receptora, con audiencia de las comunidades autónomas y bajo un criterio de gradualidad.

Narbona ha asegurado que, incluso en el contexto de la peor sequía registrada hasta ese momento, se mantuvo un “esfuerzo permanente” para aportar el máximo volumen posible a la cuenca del Segura. Reconoció que esa posición le generó tensiones políticas dentro de su propio partido, especialmente con el entonces presidente de Castilla-La Mancha, pero defendió que actuó con criterios técnicos y no partidistas.

La exministra puso en valor las actuaciones del Programa Agua, que incluían modernización de regadíos, mejora de la eficiencia, depuración y reutilización. Citó como ejemplo la modernización de la Comunidad de Regantes de Lorca, que permitió reducir significativamente la demanda hídrica. También destacó las inversiones en depuración en el entorno del Mar Menor, orientadas a facilitar la reutilización en condiciones adecuadas.

Sobre la desalación, ha remarcado que su desarrollo no comenzó con el Gobierno socialista y ha mencionado plantas ya existentes en Alicante. 

Además ha admitido que en aquellos años hubo una fuerte contestación política y social a esta tecnología, pero señaló que hoy existe un mayor consenso en torno a un “mix” hídrico en el que la desalación forma parte junto al trasvase. “El único agua disponible llueva o no llueva es la que podemos extraer del mar”, afirmó.

Narbona contextualizó el debate actual en los cambios producidos desde la puesta en marcha del trasvase en los años setenta. Entonces, indicó, se preveían aportaciones de hasta 600 hectómetros cúbicos anuales, ampliables a 1.000, en un escenario de mayores precipitaciones en la cabecera del Tajo. Sin embargo, apuntó que las lluvias han disminuido de forma significativa mientras que las demandas han aumentado tanto en la cuenca cedente como en la receptora.

Asimismo, ha destacado la incorporación de los caudales ecológicos a la planificación hidrológica desde finales de los años noventa, una exigencia inexistente en los inicios del trasvase. 

Subrayó que los ríos necesitan mantener caudales mínimos y calidad suficiente para preservar los ecosistemas fluviales y marinos, rechazando la idea de que el agua que llega al mar “se tira”.

La exministra ha advertido además de la vulnerabilidad de España ante el cambio climático y citó previsiones oficiales que apuntan a una reducción de precipitaciones de entre el 20% y el 40% en las próximas décadas, junto a un aumento de fenómenos extremos como lluvias torrenciales e inundaciones.

En este contexto, ha abogado por una gestión “extraordinariamente prudente” del Trasvase Tajo-Segura, con enfoque plurianual y evaluación continua de los caudales ecológicos, tal como recoge la disposición adicional novena del decreto aprobado en 2023. A su juicio, la participación de las comunidades autónomas en la comisión del trasvase debe servir para reforzar la rendición de cuentas y adaptar las decisiones a un escenario climático cada vez más exigente.