El Tribunal Supremo declara inadmisible el recurso de Diputación de Alicante sobre planes hidrológicos

Canal del trasvase Tajo-Segura (Foto Miteco)

El Tribunal Supremo ha declarado inadmisible el recurso interpuesto por la Diputación de Alicante contra el Real Decreto que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, entre ellas el Tajo y el Segura. 

En una sentencia fechada el 22 de abril y a la que ha tenido acceso EFE, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado el recurso "inadmisible por falta de legitimación activa", confirma el Real Decreto "por ser conforme a derecho" e impone las costas del proceso a la parte recurrente. 

El recurso presentado por la Diputación alicantina contra el Real Decreto 35/2023 ese mismo año se centra en los planes hidrológicos del Tajo y del Segura.

El Tribunal Supremo se remite en la sentencia a su criterio "consolidado y que es de plena aplicación" en lo referente a la legitimación de las entidades locales, entre ellas las diputaciones provinciales, para impugnar planes hidrológicos, que en términos generales se ha negado. 

Entre los argumentos contemplados en la sentencia recuerda que las entidades locales "no tienen reconocido en nuestro Derecho una legitimación general para la impugnación en vía contencioso- administrativa de cualquier acto o disposición general de la Administración General del Estado (...), sino solo en la medida que dicha disposición general afectase a su ámbito de autonomía".

En otra de las sentencias citadas, apunta que "admitir la legitimación de un Ayuntamiento para impugnar una disposición general cuyos efectos se extienden a numerosos territorios y personas por el simple hecho de que afecte a concretos intereses de colectivos de ciudadanos de su municipio supone tanto como reconocerle a las corporaciones locales una acción pública en defensa de la legalidad cuando de disposiciones generales se trate", lo que vulnera la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

La sentencia recoge también los argumentos que contra esta demanda han interpuesto la Abogacía del Estado, la representación procesal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía o la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo. 

El recurso de la Diputación de Alicante es uno de los dos de cuya resolución estaba pendiente el Gobierno de España para cambiar las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, como le reclama Castilla-La Mancha.