La Comisión Europea avala el Plan conjunto de gestión para la Sardina Ibérica de España y Portugal

El comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, ha anunciado a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y a su homóloga de Portugal, Ana Paula Vitorino, la conformidad de la Comisión Europea con la propuesta del Plan de gestión para la Sardina Ibérica, presentado conjuntamente por los Gobiernos de España y Portugal, que permitirá mantener abierta la pesquería, al tiempo que garantiza la recuperación de la especie.

Este Plan de gestión incluye medidas como el establecimiento de vedas temporales para la recuperación de juveniles, moratorias, tallas mínimas, limitaciones de desembarques y refuerzo de controles, así como medidas de investigación científica para la evaluación y seguimiento de las medidas propuestas.

El Plan permitirá a España y Portugal unas capturas anuales de 14.600 toneladas en 2018, de las que 7.300 podrán ser capturadas hasta finales de julio y las 7.300 restantes estarán supeditadas a que una evaluación previa del Consejo Internacional para la Explotación del Mar (ICES) confirme, con los datos de las campañas de esta primavera, que la biomasa ha tenido una recuperación del 10% respecto a los niveles de 2017. De estas cantidades, un 33,5% corresponden a la flota española.

Un informe elaborado en 2017 por el ICES sobre el estado del stock de la sardina en las aguas atlánticas de la Península Ibérica concluía que los índices de biomasa y reclutamientos eran bajos, lo que ponía de manifiesto una preocupante situación biológica del stock, por lo que sugería el cierre de la pesquería para garantizar su recuperación.

Dada la dependencia socioeconómica que tiene la sardina para las flotas española y portuguesa, ambos países comenzaron una intensa labor para la elaboración de propuestas que garantizaran las actividades de la pesca sostenible, con medidas de gestión coherentes que permitieran generar beneficios económicos, sociales y de empleo.

Fuentes ministeriales indicaron que, a través de este Plan de gestión, cuya vigencia va desde 2018 a 2023, se fija una regla de explotación para este stock clara y precisa, cuya aplicación permitirá un incremento mínimo del 10% de la biomasa anual.