Planificación Hidráulica

El Consejo Nacional del Agua aprueba los planes de sequía del Segura y del Júcar

miércoles, 17 de octubre de 2018


Pantano Taibilla MCT sept2017  (Foto C. Guardia)


El Consejo Nacional del Agua ha aprobado el informe favorable sobre la propuesta de orden ministerial para la aprobación de los planes especiales de sequía de las demarcaciones hidrográficas que son competencia de la Administración General del Estado (Cantábrico, Miño-Sil, Duero, Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar y Ebro). 


Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explicaron que, una vez superado este trámite en el máximo órgano de consulta y participación en la materia, el siguiente paso es dictar y publicar la orden aprobatoria.


Se trata de una revisión, pues estos planes están vigentes desde 2007, y tienen como objetivo mejorar la gestión del recurso hídrico en situaciones de escasez con el fin de minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales, siendo España el único país de la Unión Europea que cuenta con estos instrumentos de planificación.


Con la revisión de los Planes de Sequía, se persigue la identificación objetiva de los fenómenos de sequía y de escasez mediante un sistema claro de indicadores hidrológicos, que sirva de referencia general a los organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía; la previsión de medidas coyunturales para mitigar sus efectos y la organización de los mecanismos institucionales y participativos pertinentes para la activación y desactivación de las medidas contenidas en los planes.


Asimismo, esta actualización permitirá mejorar las acciones que se puedan poner en marcha en cada una de las cuencas y sistemas de explotación, para así gestionar mejor estas situaciones a partir de la experiencia adquirida a lo largo de los once años en que los planes de sequía han estado en vigor. Estos planes incluirán las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico.


REGLAMENTO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA


También se informó favorablemente sobre la propuesta de real decreto por el que se modifica el Reglamento de la Planificación Hidrológica, en el que se han incorporado las reglas utilizadas para la revisión armonizada de los planes especiales de sequía, que puedan servir para futuras actualizaciones.


Además, se ha acordado el informe preceptivo sobre la revisión de algunos aspectos formales del reglamento del Consejo Nacional del Agua, con el fin de aclarar algunos aspectos sobre su funcionamiento y de adecuarlo a las sucesivas reorganizaciones de los departamentos ministeriales.


REVISIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN


En la reunión se ha informado también de la marcha del proceso de revisión de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de segundo ciclo, cuyos primeros documentos deben enviarse a la Comisión Europea antes de 22 de marzo de 2019.


PLAN HIDROLÓGICO DE BALEARES


Asimismo, el Consejo Nacional del Agua ha informado favorablemente sobre la propuesta de real decreto aprobatorio del nuevo plan hidrológico de la demarcación hidrográfica de las Islas Baleares. Se trata de una revisión de su plan aprobado en 2015 para incorporar determinadas mejoras y reforzar su encaje en la Directiva Marco del Agua.


Aunque la demarcación hidrográfica de las Islas Baleares es obviamente intracomunitaria y, por tanto, la preparación de su plan hidrológico es competencia exclusiva de dicha Comunidad Autónoma, le corresponde al Gobierno la aprobación final de esos planes previo informe del Consejo Nacional del Agua.


En el Consejo Nacional del Agua, está presidido por la Ministra para la Transición Ecológica y cuenta con 100 vocales en representación además de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los entes locales, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas relacionadas con los distintos usos del agua, las organizaciones sindicales y empresariales, las organizaciones que actúan en defensa de los intereses ambientales y otras entidades estatales sin ánimo de lucro.

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