Comercio Exterior e Interior

La UE quiere cerrar esta semana la norma contra las prácticas comerciales desleales en alimentación

martes, 18 de diciembre de 2018


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La Unión Europea quiere ultimar esta semana su nueva normativa contra prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos, una directiva que, según la presidencia austríaca del Consejo, incentivará la producción de calidad y mejorará el nivel de vida de los agricultores.


La directiva, que han abordado los ministros comunitarios de Agricultura en su última reunión del año en Bruselas, encara sus últimas negociaciones de "trílogo" (Comisión, Consejo y Eurocámara) este miércoles, a falta de que el Parlamento confirme su participación.


"Nos hemos dotado de instrumentos básicos para luchar contra pagos retrasados o alteraciones unilaterales de las condiciones comerciales. Creemos que esto puede ayudar a los agricultores a tener incentivos para producir bienes de mayor calidad y tener más seguridad", afirmó hoy la ministra de Sostenibilidad austríaca, Elisabeth Köstinger, cuyo país representa al Consejo este semestre.


Tras cinco reuniones de trílogo, Köstinger confió en que la reunión del miércoles sirva para cerrar el acuerdo sobre la directiva, que consideró "una gran protección para nuestros agricultores contra las prácticas comerciales desleales".


"Queremos concluirla lo antes posible. Esto será sobre todo para ayudar a las explotaciones agrícolas familiares y no a las multinacionales agroalimentarias", afirmó.


También el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, expresó su deseo de que esta semana se pueda "dar carpetazo" a este expediente de prácticas comerciales desleales, que bajo la propuesta actual protege a un 97,5 % de las pymes, al 25 % de la producción total y casi al 100 %.


"Es una ocasión fenomenal para acordar que estas son las prioridades de esta legislación en concreto", dijo.


Köstinger reafirmó que los Estados miembros no creen que el alcance de la directiva deba extenderse a grandes empresas, ya que su objetivo es proteger a explotaciones pequeñas y familiares.


"Por eso consideramos que esto es particularmente importante. Hogan nos ha dejado claro que el tiempo apremia, y que si no resolvemos esto y se lo pasamos a la presidencia rumana va a ser dificilísimo, por no decir imposible, tener nada finalizado antes de próximas elecciones al Parlamento", advirtió.


La propuesta de la Comisión sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena alimentaria, presentada el pasado mes de abril, busca atacar los desequilibrios entre los pequeños agricultores y las entidades que compran sus productos, por las grandes diferencias en su poder de negociación.


Algunos Estados miembros ya tienen en vigor legislación sobre este asunto, pero la propuesta de Bruselas quiere armonizar la normativa a escala europea con un nivel estándar de protección en todos los países.


Los productos alimenticios cubiertos incluyen los productos agrícolas y los productos transformados a partir de estos, así como los de la pesca.


Los ministros de Agricultura abordaron también el futuro de la Política Agraria Común (PAC) a partir de un informe de progreso de la presidencia austríaca, que incluye regulaciones en los planes estratégicos de la PAC, financiación, gestión y monitorización.


Por otra parte, la reunión está marcada por las negociaciones de las cuotas pesqueras en aguas del Atlántico para 2019, en las que España trata de mitigar el recorte a la merluza sur propuesto por la CE, de un 14 %.


El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, consideró hoy "realista" rebajar esta reducción propuesta por el Ejecutivo comunitario.


Fuentes ministeriales informaron durante la primera jornada del consejo, que se prolongará hasta mañana, previsiblemente de madrugada, de que se trata de una negociación "complicada", marcada por la plena obligación de desembarque a partir del 1 de enero de 2019.


España trata de negociar una bolsa de cuotas de especies como solución a la prohibición de los descartes para evitar que se bloquee la actividad de hasta un centenar de buques españoles que faenan en el Gran Sol. 

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