Los pequeños y medianos agricultores, los más afectados por el encarecimiento del agua del trasvase Tajo-Segura

El encarecimiento del agua para riego en las Comunidades del trasvase Tajo-Segura está afectando especialmente a las explotaciones familiares y pequeños agricultores, por lo que la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de la Región de Murcia (UPA-Murcia) pide a los gobiernos central y autonómico que adopten medidas que palíen esta situación, que provoca un incremento de los costes de producción y la pérdida de competitividad.

En concreto, UPA-Murcia solicitó al presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, medidas fiscales a favor de este colectivo, y al Gobierno central la aplicación del precio máximo de 30 céntimos para el agua desalada. Para la organización agraria, si las Administraciones no toman medidas se va a ver "comprometida" la viabilidad del sector.

UPA-Murcia recuerda que los regantes del trasvase ya pagaban el agua más cara de España y que la acumulación de acontecimientos en los últimos meses, entre ellos el “tasazo” que dejó en herencia la exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, y la necesidad de recurrir en mayor medida al uso del agua desalada, "han agravado la situación".

En este sentido, apuntó que esta circunstancia afecta a todo tipo de productores, pero “causa especial perjuicio a las explotaciones familiares y los pequeños agricultores, cuyo margen de maniobra para mantener rentabilidad de sus explotaciones es mucho más reducido”, señaló el secretario general de UPA-Murcia, Marcos Alarcón.

Entre tanto, "resulta pasmosa la pasividad de los Gobiernos central y autonómico, que se constata por la ausencia de medidas que palíen la pérdida de competitividad que supone el incremento de costes que tienen que soportar los productores más vulnerables, muy afectados ya por las escasas dotaciones de agua que reciben para sacar adelante sus producciones", añadió.

Por ello UPA hace un llamamiento al Gobierno central para que habilite la puesta en marcha de lo previsto en la Ley 1/2018 para que el precio del agua desalada no sea superior a 30 céntimos/m3 y, al mismo tiempo, insta al Ejecutivo murciano, "que parece presumir de ser el que ha impulsado la mayor bajada de impuestos de todo el Estado, a que establezca bonificaciones y deducciones fiscales, en el ámbito de sus competencias, para los pequeños y medianos agricultores que soportan tan importante incremento en sus costes de producción".