ELECCIONES

Giménez (Podemos-Equo): "El trasvase es una infraestructura necesaria, pero su gestión actual es inviable en un escenario de cambio climático"

martes, 21 de mayo de 2019



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La candidata de Podemos-Equo a la Asamblea Regional en las próximas elecciones del 26 de mayo, María Giménez Casalduero, responde a las preguntas de 'Agrodiario.com' sobre temas actuales relacionados con agricultura, agua, ganadería y pesca.


¿Qué medidas tomaría usted si llega a la Asamblea Regional para afrontar la puesta en marcha de la nueva Política Agraria Común?


La reforma de la PAC no está ni mucho menos cerrada. Queda un largo camino en el que se tienen que poner de acuerdo el futuro Parlamento Europeo que salga de las elecciones, la Futura Comisión Europea, y el Consejo de Ministros, en el cual el Ministerio de Agricultura de España tendrá que pelear un presupuesto adecuado para España sin recortes y las reformas que necesita la PAC. En este sentido, necesitamos una buena articulación de intereses entre el Gobierno de la Región de Murcia, el Gobierno de España y nuestros futuros representantes en el Parlamento Europeo. Todo ello será mucho fácil si Podemos entra en el gobierno autonómico después del próximo 26 de mayo.


A lo largo de la próxima legislatura hay que elaborar el Plan Estratégico Nacional de la PAC que responda a las necesidades de cada territorio y nuestra región tendrá que defender bien nuestros intereses. Desde Podemos-Equo apostamos por construir un frente coordinado desde la Región de Murcia junto con otras CC.AA como la C. Valenciana, o Baleares, para conseguir reformas en la PAC sobre aspectos que nos son comunes. La agricultura murciana se ha visto castigada históricamente por una PAC diseñada para las producciones continentales. La agricultura mediterránea apenas se beneficia de la PAC. 


En Murcia, más del 45% de los perceptores de pago básico reciben menos de 1.250 euros al año, y, sin embargo, mantienen producciones hortícolas que generan empleo y riqueza. Además, tenemos que trabajar para eliminar el sistema de reparto basado en derechos históricos y que es lo que genera una distribución injusta de la PAC. Hace unos meses, 14 de las 17 CCAA apoyaron la propuesta de eliminación de los derechos históricos. Tan solo Andalucía la defiende claramente. En este asunto no podemos flaquear. Si las ayudas directas de la PAC tienen como principal objetivo compensar las rentas agrarias, ya es hora de que abordemos este tema con seriedad. 


Deberíamos darnos igual que la ayuda compensara a un agricultor que produce, fruta, hortalizas, o carne o cereal. Hay marco suficiente en los reglamentos de la PAC para pelear la eliminación de este sistema de derechos históricos y sustituirlo por un sistema de derechos que se actualice con la producción real. Es posible hacerlo, insisto, si nos ponemos de acuerdo en el plano nacional y en coordinación con las CCAA.


Nos preocupa mucho el Régimen de Frutas y Hortalizas, una nueva regulación de las OPFHs y que haya una dotación suficiente para los Programas Operativos. Además, nosotros estamos reclamando la necesidad de fortalecer los instrumentos de regulación de mercados, sobre todo de gestión de la oferta y los instrumentos anticrisis y es evidente que lo que hay ahora no es suficiente, ni es eficaz. Para nosotros y sabemos que también para las organizaciones agrarias, es esencial ser más exigente con la constitución de las OPFHs. Es necesario aumentar el número de socios necesarios y el volumen de producción que aglutinan, precisamente para evitar falsas organizaciones cazasubvenciones, y que estas acaben en manos de almacenistas o de empresas sin base social productiva.


Por otra parte, vamos a pelear por unas ayudas asociadas que incluyan los sectores productivos que para nosotros son importantes y queremos revisar esto con el propio sector. Es importante una ayuda asociada justa para el caprino y el ovino, así como para los frutos de cáscara.


Si hay una prioridad para Podemos-Equo en la Región de Murcia es toda la parte verde de la PAC. Tenemos que aprovechar la futura PAC para apoyar la transición ecológica de nuestro modelo de producción agraria. Debemos buscar la manera de que la condicionalidad ambiental sirva a los objetivos ambientales básicos y debería ser obligatoria, pero además, tenemos la oportunidad de utilizar los EcoEsquemas, un instrumento que tiene que seguir siendo voluntario, pero tenemos que pensar que Ecoesquemas son importantes para nuestra región, y evidentemente podrían estar relacionados con tres cuestiones; ahorro y eficiencia en el uso del agua, economía circular, y porqué no, pensar un Ecoesquema a nivel nacional de apoyo al secano.


No quiero dejar de citar otra de las cuestiones más importantes para Murcia, el II Pilar de la PAC de Desarrollo Rural. A nuestra región le interesa poder destinar un porcentaje mayor al Desarrollo Rural, porque con ello se financia la incorporación de jóvenes, la mejora de estructuras agrarias, la eficiencia en el riego, las industrias agroalimentarias, el Programa Leader. El problema es que hasta ahora la cofinanciación para nuestra región con los gobiernos del PP ha sido muy costosa. Tenemos que buscar fórmulas para poder actuar e invertir los fondos de desarrollo rural con agilidad, y volver a una relación de cofinanciación de 50%-50%. Actualmente el 70% lo pone la Comunidad Autónoma y el 30% el Estado, y ni siquiera cumple y este cambio fue decidido sin más por el gobierno de Rajoy.


Por último, desde Podemos-Equo estamos planteando introducir la condicionalidad también social de las ayudas. Un empresario agrícola que incumpla la normativa laboral, no puede cobrar ayudas públicas. Las condiciones laborales en el campo son dramáticas, hay que acabar con los abusos y entender que el eslabón del trabajador agrícola también forma parte de la cadena alimentaria, que sus derechos deben ser respetados para que el conjunto de la cadena funcione de manera transparente.


  • Desde su punto de vista, ¿cómo cree que afectará la economía agropecuaria la posible entrada en vigor del Brexit?


El sector agropecuario de todo el país, pero especialmente de nuestra región está muy expuesto al Brexit. El Reino Unido es un cliente importantísimo para nuestros agricultores y agricultoras y nuestras empresas. El mercado británico representa aproximadamente el 16,1% de nuestras ventas de hortalizas al exterior (815,96 millones de euros) y el 12,9% del total de las frutas exportadas (951,50 millones de euros) Por lo tanto, comprendemos perfectamente la preocupación de nuestros productores, y nuestra región debería estar muy ocupada en este tema, para en la medida de lo posible, poder parar los efectos.


En el corto plazo, la devaluación de la libra frente al euro representará seguro la reducción de las exportaciones procedentes de la zona euro. La devaluación de la libra significa una disminución del poder adquisitivo de los británicos y, por lo tanto, buscarán presionar a la baja los precios de los productos que importen buscando mercados más baratos. En el medio plazo, las normas británicas sobre ciertos aspectos de alimentación son más exigentes que las de la UE, por lo tanto, nuestras exportaciones se verán obligadas a adaptarse a cuestiones como el rechazo a los organismos genéticamente modificados y también a los productos tratados con ciertos fitosanitarios no permitidos. Esto lo saben bien las grandes empresas agroexportadoras ubicadas en el Campo de Cartagena por ejemplo, el consumidor europeo exige respeto a la normativa ambiental y es minucioso buscando productos ecológicos.


¿Qué hacer? Crear un servicio de apoyo a las empresas y cooperativas agrarias que exportan para poder hacer frente a la adaptación que van a necesitar a nivel de controles y documentación.


Para su partido político, ¿qué importancia tiene el modelo productivo agroalimentario y ganadero como peso específico en la balanza comercial?


Fundamental. Al margen del enorme peso en el conjunto de la economía de la Región, es un sector cuya extensión beneficia a todo el conjunto del territorio. Debemos mirar al sector agroalimentario en su conjunto, en el que hay trabajadores por cuenta ajena, productores y productoras, pequeñas empresas agroalimentarias artesanales, cooperativas agroalimentarias, almacenes, industrias, comercio, etc. Es decir, una de las cosas positivas del sector agroalimentario es la potencialidad que tiene para extender los beneficios a toda la sociedad. 


Para ello lo fundamental es que la cadena alimentaria funcione de manera justa y transparente para todos. Los productores deben recibir un precio justo que cubra los costes de producción y la rentabilidad, los trabajadores un salario digno, la industria debe tener sus márgenes, y así sucesivamente. Ahí es donde tenemos que poner el foco. Existen sectores con el de las hortalizas con un alto grado de articulación, pero en el cual se producen desequilibrios graves en perjuicio de trabajadores, agricultores y consumidores, y habrá que reequilibrar, pero tenemos otros sectores como el de los frutos secos, donde casi está todo por hacer, al igual que el sector del caprino. 


Estamos en condiciones de apoyar la articulación de la agricultura ecológica que tiene mucho futuro en nuestra región, y que necesita apoyo para estructurar mercados de proximidad y cercanía o para promocionar sus productos. Finalmente, sin duda otros sectores como por ejemplo el del porcino, deberán someterse a una evaluación seria para planificar el sector y determinar si es necesario aplicar una moratoria en su expansión.


Por otra parte, somos firmes defensores del modelo de las cooperativas agroalimentarias. Por su papel evidente en la vertebración y activación económica del medio rural, se trata de un sector empresarial nacional, de corte social, que da soporte al modelo de agricultura familiar y social que reivindicamos, y que es el que mejor puede apoyar a la modernización y viabilidad de la explotación agraria. 


La consolidación del modelo cooperativo, debe hacerse sobre la base de un mayor empoderamiento de los agricultores y agricultoras socios de las cooperativas, garantizando la democracia en las estructuras, mayor participación de las mujeres, relevo generacional en las cooperativas, y desde luego, y gestión económica y comercial de las cooperativas que garanticen su viabilidad. La competencia autonómica nos permite revisar la legislación para favorecer la integración comercial entre las cooperativas, y también para desarrollar otras fórmulas como las cooperativas rurales multiservicio o las micro cooperativas.


¿Cómo ve su partido los asaltos a transportistas durante sus viajes a los mercados internacionales y, como consecuencia, la pérdida de millones de euros para las empresas? ¿Cuál podría ser la solución?


Este tipo de acciones no son tolerables. Pero, me va a permitir decirle que hay un error en la pregunta que es muy importante para abordar este tema. El mercado europeo es el mercado interior. Si apostamos por Europa, el mercado interior de referencia, y que debe funcionar es el mercado europeo. No podemos seguir confundiendo este asunto. Para que funcione el mercado interior, las normas fitosanitarias, medioambientales, laborales, etc., deben ser similares, si no, se producen desequilibrios internos que pueden generar incluso competencias desleales dentro de la Unión Europea. Lo grave es que sabemos que existen y es difícil de solucionar de un día para otro. 


Nosotros tenemos claro que el sector agropecuario no es un sector cualquiera, sino que tienen ciertas características que hacen que sea más vulnerable que otros, y que, por lo tanto, las normas de competencia se apliquen de manera especial. A mi me gustaría saber que percepción tienen los agricultores franceses, o italianos cuando vuelcan nuestros camiones en frontera. Yo me imagino que deben pensar que tenemos menos controles en los productos fitosanitarios, o que los salarios de los trabajadores son más bajos, y por ahí, y ante la frustración de no poder vender sus productos acaban cometiendo tropelías de este tipo. No estoy justificando, solo estoy explicando lo que sucede. 


Por ejemplo, hay una cuestión formal muy concreta. La “venta a resultas” Es decir, un productor vende sus ciruelas sin precio prefijado, y recibirá el precio final, en función del precio que logre conseguir una vez coloque el producto. Esto es ilegal. Va contra la Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, pero se sigue produciendo y de forma masiva en algunas producciones y es muy difícil perseguirlo, salvo que alguien en destino o en frontera pidiera el contrato. Como esto ya no es posible hacerlo en las fronteras europeas, pues se pueden generar todo tipo de situaciones.


¿Soluciones? Más Europa, pero de la buena. La Unión Europea debería poner más empeño en fortalecer la acción de la Comisión de Mercado Interior. Debería haber mucho mayor esfuerzo en establecer las condiciones comunes, una forma más sencilla de demostrar la trazabilidad de toda la producción, generalizar los contratos por escrito en el comercio agrario, y perseguir la ausencia de estos contratos.


Los agricultores murcianos, al igual que los de otras zonas del Levante mediterráneo, se están viendo afectados ante las restricciones al uso de fitosanitarios en los cultivos menores para el control de enfermedades mientras que en otros países esto no ocurre. ¿Cuál es su opinión al respecto?


Es claro que la competencia para evaluar y autorizar los productos fitosanitarios es del Estado, quien, a su vez, la aplica en función de las normas europeas. Tiene que ver con la cuestión anterior, para nosotros es importante fortalecer los estándares ambientales y de salud en la producción – no solo agraria sino en todos los sectores. Por lo tanto, la solución no está en rebajar las exigencias fitosanitarias. Esta es una tendencia del conjunto de la sociedad que quiere cada vez más, alimentos sanos y nutritivos, y con un menor impacto ambiental. Es evidente que necesitamos mayor inversión en investigación para que vayamos buscando sustitutivos de principios activos que en este momento ya sabemos que están en el punto de mira y que en breve tocará prohibir.


Para nosotros la intervención más coherente con nuestra posición política tienen que venir en las negociaciones comerciales internacionales. En esta campaña del pimiento, llevamos ya 42 alertas en partidas procedentes de diversos países por encontrar diversos componentes prohibidos en la UE. Las dos últimas que se interceptaron en Bulgaria, contenían Fostiazato y de Formetanato. En nada empezará la campaña del pimiento nuestra y los productores de aquí a los que, si se les controla lo que echan a sus producciones, van a verse amenazados por este pimiento mucho más barato.



Nosotros consideramos que los acuerdos comerciales en los cuales entre en negociación el sector agrario, deben cumplir cuanto menos tres normas; La primera una evaluación previa del impacto en nuestra producción. En segundo lugar, y muy importante a este efecto, la reciprocidad en las normas sanitarias, ambientales y sociales. La tercera cuestión, controles en fronteras recíprocos y con garantías y en último lugar, un mecanismo de salvaguarda que sea eficaz y ágil para que se pueda para las importaciones en el momento en el que se detecten impactos negativos.


Por último, es claro que necesitamos fortalecer nuestros controles en fronteras. Los servicios en frontera están saturados y apenas llegan a poder controlar una mínima parte de lo que entra en producciones agroalimentarias. Nosotros llevamos toda la legislatura anterior insistiendo sobre ello cada vez que se ha producido una crisis como la de los cítricos, o tantas otras.


A su juicio, ¿qué medidas se deberían de tomar para evitar el robo de maquinaria e instalaciones en el campo y la inseguridad que esto provoca?


Para Podemos la Seguridad es un derecho y un servicio público. En países donde los sistemas democráticos son débiles, la seguridad es un privilegio de las clases pudientes, pero en sociedades democráticas y desarrolladas, cambia radicalmente la perspectiva. Tenemos derecho a la seguridad, y esta además debe ser un servicio público y ejercida con garantías. Fíjese, lo que llevamos viviendo desde hace aproximadamente 7 u 8 años, es un deterioro en la seguridad respecto a este tipo de delitos, pero precisamente en el medio rural, en el campo. Las razones son claras, el abandono del medio rural, la despoblación de muchas zonas de nuestro país, el hecho de que sea un sector el agrario disperso en el territorio, todo eso, hace que justo se haya disparado este tipo de delitos en el campo y en la agricultura. Parece mentira que una de las grietas en nuestro sistema de seguridad ciudadana esté siendo precisamente lo que sucede en el campo. Por ello, nosotros planteamos en el programa electoral de las generales una medida que situábamos entre las medidas de lucha contra la despoblación y que tenía que ver con la reordenación de los cuarteles y puestos de la Guardia Civil para garantizar que se atendía en condiciones a la zona rural y que el tiempo de desplazamiento no superara los 15 minutos. Pero, no obstante, además, los robos de este tipo de cuestiones en las explotaciones agrarias suelen estar orquestados y una misma cuadrilla es la que comete varios, por lo tanto, lo efectivos en la zona rural, deben de poder tener recursos para investigar esto.


Trasvase Tajo-Segura, ¿SÍ o NO?


El TTS es una infraestructura que a día de hoy es necesaria, pero su gestión actual es inviable en un escenario de cambio climático. El avance de la desertización y las sequías, cada vez más intensas en toda España, no pueden tratarse desde el negacionismo apostando a la única carta de los trasvases. Hay que ser responsables y gobernar para dar certidumbres y seguridad a los agricultores, y eso no se consigue prometiendo trasvases de un agua que no garantiza la sostenibilidad de las cuencas cedentes. Pensemos que el TTS en sus inicios se proyectó para trasvasar 1000 Hm3, pero nunca se ejecutó ese volumen porque no había agua para ello. Aunque después se redujo a 600Hm3, en la práctica no se ha llegado a trasvasar más de 300 Hm3 al año. Actualmente, el “Memorándum” exige por ley trasvasar 400Hm3 cuando la cabecera del Tajo lo permita, pero la reciente STS deja claro que hay que respetar los caudales ecológicos de las cuencas cedentes.


En la reciente reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia hemos apoyado defender la seguridad jurídica del TTS, lo que significa cumplir con la planificación hidrológica, la ley de aguas estatal y la DMA. Creemos firmemente que hay que avanzar hacia un horizonte menos dependiente de recursos hídricos externos, porque tenemos que estar preparados y adelantarnos a escenarios complicados cuando lleguen. 


Desde Podemos-Equo pensamos que la solución pasa por: eliminar el regadío ilegal; contabilizar los recursos disponibles para tener una información fiable que incluya los recursos procedentes del TTS, mientras se respeten los caudales ecológicos, y las aguas subterráneas; gestionar las demandas de manera adecuada; apostar por la reutilización de aguas residuales y la desalación marina, buscando las fórmulas que sean necesarias para abaratar su precio; impulsar la energía fotovoltaica en la agricultura; y sobre todo construir una nueva gobernanza del agua que establezca reglas adecuadas de participación y control institucional entre los principales actores responsables de la gestión del agua en la región y los ciudadanos, desde las comunidades de regantes a los usuarios en general. Todas ellas constituyen piezas clave en esta hoja de ruta de transición hídrica que se debe poner en marcha sin demora.



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¿Qué medidas piensa tomar para conciliar la recuperación del Mar Menor con un modelo de agricultura y ganadería sostenible?


Actuar sobre el origen del problema, sea cual sea. Si en este momento determinadas prácticas agrarias, entre otras causas, han provocado el colapso del Mar Menor, hay que actuar directamente sobre ellas como ya alertó la Fiscalía que sigue investigando. Es cierto que la catástrofe ambiental del Mar Menor, a punto de ser señalada como delito ecológico por la justicia, no es responsabilidad exclusiva de la agricultura, pero también es cierto que las organizaciones agrarias no pueden obviar que ni Europa va a permitir que se siga vulnerando la directiva de nitratos como hasta ahora, ni la Fiscalía va a permitir más regadíos ilegales ni vertidos contaminantes, ni la sociedad civil va a seguir haciendo oídos sordos.


La medida más urgente para conciliar la actividad agraria con la recuperación de la laguna es tan sencilla como aplicar y hacer cumplir la ley. La Ley de medidas urgentes del Mar Menor, aprobada hace dos años por mayoría en la Asamblea Regional, incluye una serie de medidas pactadas por la oposición que representan el primer paso para atajar el problema desde su origen. La sopa verde del Mar Menor tiene unas causas bien definidas, los científicos lo llevan diciendo décadas. 


Por eso, siguiendo las recomendaciones del Comité científico del Mar Menor y de las organizaciones que llevan trabajando durante décadas en su protección, se incluye la obligación controlar el regadío ilegal, sustituir nitratos contaminantes o levantar setos y barreras naturales. Asimismo, hay que aprobar de manera urgente los instrumentos de planificación que llevan escondidos durante años en algún cajón, como el Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor. 


En la siguiente legislatura aprobaremos una ley integral del Mar Menor, que el Gobierno se ha negado a hacer hasta ahora, donde todas las actividades que intervienen de una manera u otra en el deterioro del Mar Menor también estarán reguladas. Cambiar determinadas prácticas agrarias, planificar todos los usos, aplicar la ley y perseguir la ilegalidad es la única salida para salvar el Mar Menor.



¿Qué decisiones piensa tomar para lograr una mayor eficiencia energética para el uso de las energías renovables?


La economía basada en las energías renovables en la Región de Murcia tiene un enorme potencial de desarrollo en el ámbito industrial, de servicios, transportes y agrícola, en cuanto a dinamizador económico, generador de empleo y recuperador-preservador del medio ambiente (con lo que ello tiene también de garante de la capacidad productiva de la Región en el futuro). Por ello, éste es uno de los principales frentes en los que se centra el nuestro proyecto político en la Región de Murcia para un nuevo modelo económico en nuestro territorio.


Contamos con una ventaja comparativa de enorme valor competitivo. Siendo una de las regiones de Europa con mayor irradiación solar y, teniendo en cuenta que los costes de instalación de capacidad de generación de energía fotovoltaica se han visto reducidos en un 85% en los últimos años, no cabe duda de que no podemos demorar más la puesta en marcha de una revolución energética renovable, con la energía solar fotovoltaica como pilar estratégico, en la transformación hacia la nueva economía regional.


El ahorro y la eficiencia energética es un pilar en el que debe basarse una política energética moderna. Es urgente el desarrollo de un plan regional de rehabilitación de edificios e instalaciones y adaptación del sector de la construcción con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los edificios ya construidos (rehabilitación) y aquellos que se vayan a construir con los máximos requisitos de certificación energética (al menos nivel A). Este esfuerzo serviría además para la reactivación económica en un sector muy dañado durante la crisis y que no da signos claros de recuperación. Esta política combina dos de las premisas fundamentales de un nuevo modelo económico para la Región, generación de empleo de calidad y estable, y preservación del medio ambiente para el objetivo de consumo energético cero.


Este horizonte va a requerir de un importante apoyo desde las administraciones públicas, por ello, el nuevo modelo productivo precisará de una política de apoyo estable al sector fotovoltaico e instalaciones de energías renovables, tanto para la industria productora de materiales y productos para instalaciones generadoras de electricidad, como para la industria de generación de energía a partir de renovables.


Una planificación pública del sistema energético deberá dirigirse hacia una reducción drástica del consumo a través de la eficiencia y hacia una electrificación generalizada de la economía (transporte, industria).


Un sistema impositivo sobre la energía, efectivo, con regulaciones específicas, una tributación singular para compensar los costes climáticos, de manera que las externalidades de la actividad industrial se integren en el modelo económico.

Por otra parte, hay que eliminar aquellos impuestos y tasas a la generación de energía, autonómicas y locales, que estén produciendo distorsiones y que normalmente sirven para afianzar el oligopolio de las grandes compañías eléctricas.


Finalmente, es necesario desarrollar en la Región de Murcia el sector del reciclaje (China está restringiendo su importación de residuos generados en el resto de mundo); las plantas de reciclado en diversas tecnologías es otro segmento con gran potencial de creación de tejido industrial con indudables y necesarias perspectivas de futuro, dentro de una apuesta clara por la economía circular.


Para una necesaria planificación en este ámbito en el territorio, es imprescindible el análisis de la capacidad de producción potencial de energías renovables, considerar los recursos naturales existentes y potenciales, y las condiciones climatológicas del territorio actuales y futuras.


Desde su partido, ¿consideran que la agricultura sostenible supone un modelo a seguir en los productores agroalimentarios?


Por supuesto, como decía antes en relación con la problemática del estado del Mar Menor, solamente un modelo de agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente y adaptada al uso responsable de los recursos naturales, especialmente el agua y el suelo, podrá ser verdaderamente competitiva. La Región de Murcia es puntera en tecnología, pero para que nuestra agricultura sea vanguardia debe ser sostenible.


¿Cómo puede ayudar la tecnología y el I+D+i al desarrollo de un modelo más eficiente y menos contaminante y que suponga dar un salto de calidad en cuanto a competitividad?


Esta es la clave. No podemos escatimar en inversión para tecnología e investigación. El problema es la falta de financiación. Los presupuestos regionales deben afrontar este reto aumentando claramente las partidas destinadas a invertir en centros de investigación públicos, que en la Región de Murcia son excelentes. Pongamos como ejemplo el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), organismo público de investigación que tiene como objetivo prioritario la atención de las necesidades de investigación que demande el sector agrario de la Región de Murcia. 


Actualmente Los trabajadores del IMIDA llevan un año movilizándose reclamando mejoras para este centro y su personal y por ende para la investigación agroalimentaria en la Región de Murcia. Es intolerable que una Región que depende de una manera tan directa del sector agroalimentario no apoye la investigación en esta materia. Las dos universidades públicas de la Región y organismos como el IMIDA deberían ser tratados y financiados como centros de referencia a nivel internacional y europeo.


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