Del Campo (Fenacore): “El agua debe elevarse a cuestión de Estado para dirigir la planificación hidrológica evitando retrasos en las obras de regulación y modernización de regadíos"

Andrés del Campo es el presidente de Fenacore desde 1996. Ingeniero agrónomo de formación y agricultor, del Campo cuenta con una amplia experiencia en el marco internacional, tras más de 16 años como máximo dirigente de la Comunidad Euromediterránea de Regantes (EIC). En Agrodiario hemos querido conocer sus preocupaciones y reivindicaciones a través de nuestra entrevista ‘En nombre propio'.

El regadío se enfrenta a un futuro complicado, con sequías más frecuentes y la sombra del cambio climático planeando sobre la agricultura. ¿Cómo se está adaptando el sector?

Es cierto que no son pocas las voces que alertan de que una de las consecuencias más dramáticas del cambio climático será el aumento de la frecuencia de las sequías. En este sentido, la escasez de agua ya nos está motivando a los agricultores a utilizar este recurso con la máxima eficiencia posible, lo que pasa por modernizar los sistemas de riego mediante la aplicación de nuevas tecnologías. Los gobiernos no pueden ignorar que para abastecer a una población mundial creciente se necesita incrementar la productividad de los cultivos de regadío, que producen hasta seis veces más que los de secano. Es más, una hectárea de regadío intensivo puede producir el equivalente a 40 hectáreas de secano.

La agricultura es un sector estratégico y fundamental, tanto para mantener e incluso mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como para la economía española. Representa algo más del 2% del PIB, pero concentra más del 15% si tenemos en cuenta toda la industria del complejo agroalimentario asociado. Además, da empleo a más de un 4% de la población activa, excluyendo los ocupados en el sector agroindustrial y de servicios agrarios.

Por otra parte, la sociedad debe saber que en España el regadío ocupa sólo alrededor del 15% de la superficie agraria útil y aporta más del 65% de la producción final agraria. Hoy se extiende por una superficie total ligeramente superior a los 3,7 millones de hectáreas.

Las políticas de regadío a implementar en España, claramente, tienen que estar enfocadas a la culminación de la modernización de los sistemas de riego, de manera que se continúe incrementando la eficiencia del binomio agua-energía pero a la vez se debe disponer de las infraestructuras necesarias para tener agua garantizada, poder amortizar los costes de estas infraestructuras y sobre todo poder mitigar también los efectos negativos del cambio climático, reduciendo los daños de las inundaciones y pudiendo disponer de agua en los periodos de sequía.

¿Cree que la imagen del regadío es peor que hace una década para la sociedad en general? ¿A qué lo achacan?

La posible crisis de popularidad que está sufriendo la agricultura se debe a la desinformación que tiene la sociedad sobre este sector productivo, fundamentada en estudios a veces poco científicos o basados en hipótesis poco contrastadas relacionadas con el medio ambiente y sobre todo con el cambio climático. Por otra parte, parece ignorarse que para mantener a una población mundial creciente y conseguir los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) se ha de incrementar la productividad, según la FAO, antes de 2050 a nivel mundial en más de un 60% de la actual. Y es que, si el incremento de la producción de alimentos a nivel mundial se hiciese a través de cultivos de secano, supondría una disminución de selvas y bosques, lo que desde el punto de vista medioambiental resultaría inadmisible.

Por otra parte, podría también deberse a la errónea percepción en torno al uso, mal llamado, consumo de agua, puesto que hoy en día, con menos agua, es posible producir más y mejor.

Sea como fuere, lo cierto es que muchas de las nuevas corrientes ecologistas rayan el extremismo, por ejemplo, al defender que las cuencas no tienen déficits sino demasiada demanda y que para reducirla hay que incrementar los costes del agua. Y la presión social de estas corrientes, desgraciadamente, también está dando sus frutos negativos.

¿Cuánta agua se destina a la agricultura en España y cuál ha sido su evolución en términos cuantitativos en los últimos años?

Los agricultores son cada vez más conscientes de la importancia de ser más eficientes para reducir el uso de agua. De hecho, en las últimas décadas, la modernización ha permitido que la demanda de agua para uso neto agrario se haya reducido de un modo importante y se sitúe por debajo de los 15.000 hectómetros cúbicos anuales.

¿Qué papel tienen los trasvases en el cumplimiento de las demandas de agua? ¿Y el agua desalada y regenerada?

Los trasvases permiten transportar agua desde donde hay superávit hasta donde haya déficit y en combinación con los embalses de regulación pueden prevenir los efectos negativos de las lluvias torrenciales y convertirlos en recursos para las cuencas deficitarias. Y en este contexto, es importante poner en marcha un Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas para hacer frente a las sequías e inundaciones derivadas del cambio climático.

Sin embargo, en lugar de apostar por una adecuada planificación hidrológica, el informe de la “Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de políticas de agua en coherencia con los retos del cambio climático” -entre cuyos 27 expertos apenas hubo representación de los regantes, a pesar de que concentran más del 60% de la demanda- considera España un país maduro hidráulicamente y aboga por detener la construcción de nuevos embalses y trasvases, cuando no sólo son esenciales para mitigar los efectos del cambio climático sino que representan una de las medidas más eficaces para aumentar las garantías de agua de los usuarios actuales y potenciales, a sabiendas de que la distribución de los recursos hídricos en España es tan irregular.

Por ello, habría que apoyar la estrategia de aprovechamiento de agua sobre un nuevo Plan Hidrológico Nacional que, basándose en un Pacto de Estado, haga posible llevar adelante sin trabas todas las actuaciones que ya están contempladas en los diferentes planes de cuenca vigentes y en los que se incluyen las obras de regulación y las actuaciones de modernización de regadíos correspondientes, dado que son las medidas que más pueden contribuir hoy por hoy a optimizar el consumo. De cualquier modo, aunque ahora parezca que no están de moda, siguen siendo necesarias y más todavía si se tiene en cuenta el posible cambio climático.

Además, en un entorno hiperconectado, resulta imprescindible avanzar hacia un Sistema Integrado del Agua donde todos los recursos -tanto superficiales (embalses…) como subterráneos (acuíferos)- estén alineados con las diferentes demandas y donde se prorrateen adecuadamente los costes del agua, junto a la utilización también de otras fuentes de recurso no convencionales (desalación, reutilización de aguas regeneradas, etc).

Respecto al uso de aguas regeneradas, España no debería copiar ninguna legislación en materia de reutilización, sino todo lo contrario. La nuestra, con mayor antigüedad, tendría que servir de inspiración a la europea, si bien puede ser mejorada sobre todo en lo relativo a la distribución de los costes de depuración, basándose en el ya famoso principio de la UE de “quien contamina paga”.

España es el país europeo que mayor porcentaje de agua reutilizada emplea, una razón por la que Europa debería tomar como referencia una legislación como la nuestra, que cuenta con más de una década de tradición. En la actualidad, sólo algunos de los países del sur de Europa y en pequeña proporción utilizan el agua regenerada para riego, puesto que la gran mayoría de los países de nuestro continente no tienen esa necesidad.

Cada país tiene sus propias peculiaridades -relacionadas con el clima, su nivel de industrialización o la contaminación, entre otros factores-. Y, por ello, los niveles de exigencia no deberían equipararse. Máxime en un momento en el que los países del Norte de Europa empiezan a acusar la sequía y en el que la administración comunitaria ha puesto sobre la mesa la importancia de la reutilización como vía para que las masas de agua se encuentren menos estresadas.

Estas exigencias precisan la recuperación del pulso de la inversión pública en infraestructuras en depuración tras la parálisis de la crisis, ya que el agua reutilizada representa para la agricultura de regadío un complemento para ayudar a resolver los problemas de sequía que presenta, sobre todo, la zona del Levante español.

Concretamente, el 54% del total del agua reutilizada que se utiliza en España –alrededor de 166 hectómetros cúbicos al año- va a parar a las explotaciones de Murcia y la Comunidad Valenciana, donde existe un déficit estructural de recursos, lo que permite contribuir a disminuir el déficit ahora existente de agua de riego.

¿Qué supondría para el Levante y el Sureste español que, en futuro hipotético, la cabecera del Tajo entrara en una situación de sequía tal que no se pudiera transferir agua?

Pues que no quedaría más remedio que obtener recursos alternativos y no convencionales o llevar agua de otras cuencas, porque no se puede paralizar la agricultura ni lo que supone todo el complejo agroalimentario asociado en una zona, como la del Levante y el Sureste español, tan directamente dependiente de esta actividad y de la que están viviendo muchas familias desde hace ya 40 años.

¿Considera que la gestión del agua que se lleva a cabo en España es la adecuada? ¿Es necesario llevar a cabo una mayor regulación de las cuencas para lograr obtener más recursos hídricos, que hagan frente a mayores superficies regables y mejoras en la producción?

El agua ha ido perdiendo cada vez mayor relevancia en la agenda política, como evidencia el hecho de que en las últimas legislaturas sus competencias hayan ido dando tumbos por diferentes carteras ministeriales (Agricultura, Medio Ambiente y la actual Transición Ecológica) sin que se hayan producido avances reales a la hora de ejecutar las actuaciones necesarias para garantizar todos los usos.

Desde Fenacore consideramos que el próximo Gobierno debería tomarse en serio esta asignatura pendiente y valorar que para lograr una mayor agilidad en planificación hidrológica, la Dirección General del Agua pasase de nuevo a depender del Ministerio de Fomento, donde ya estuvo durante el pasado siglo, porque debe seguir siendo objetivo de la política hidrológica actual debe ser llevar adelante un nuevo Plan Hidrológico Nacional y ejecutar las actuaciones ya contempladas en los diferentes planes de cuenca; en los que se incluyen no sólo obras de regulación sino también de modernización y medidas complementarias de gestión de la demanda para optimizar el consumo. Y este planteamiento requiere de un ministerio con mayor capacidad inversora, propio del responsable de la construcción y gestión de las grandes infraestructuras nacionales.

Así, al igual que ha habido grandes planes estatales de carreteras o de infraestructuras ferroviarias para hacer frente al aumento de las demandas, es momento ahora de ejecutar una planificación hidrológica adecuada que consolide a España como un país maduro hidráulicamente y preparado para el cambio climático.

La gestión del agua requiere, al igual que cualquier otro tipo de infraestructuras, una organización mentalizada y preparada técnicamente. Pero, lamentablemente, la experiencia de los últimos años nos da la razón, ya que las confederaciones hidrográficas -que han hecho una importante labor en sus más de 90 años de historia- se han visto algo descolocadas en las últimas legislaturas, por lo que estarían mejor adscritas de nuevo a Fomento, donde ya han demostrado su eficacia en la ejecución y explotación de las grandes infraestructuras hidráulicas de este país.

En su opinión, ¿considera que existen escollos para una correcta planificación hidrológica nacional?

Entre los escollos que existen para una correcta planificación hidrológica nacional destacan las intromisiones legislativas y las presiones políticas de las comunidades autónomas.

En este sentido, la contaminación política del agua ha derivado en una maraña normativa con 17 leyes de aguas y 17 administraciones hidráulicas diferentes que compiten por gestionar este recurso, llevando incluso a otorgar concesiones por encima de las disponibilidades reales de agua.

Es más, las injerencias políticas en el proceso de planificación han generado una ‘auténtica Torre de Babel’ donde cada territorio habla su propio lenguaje del agua, estableciendo su reparto en función de intereses políticos y no técnicos como correspondería, y tratando de saltarse en algunos casos incluso la Constitución que reconoce expresamente el principio de legalidad y de unidad de gestión de cuenca.

Por eso, el agua tiene que elevarse a cuestión de Estado de manera que sea la Administración Central la que dirija el proceso de planificación hidrológica, lo que permitiría evitar los retrasos en la ejecución de obras de regulación y modernización de regadíos. Y es que, en la actualidad, España cuenta con 25 demarcaciones hidrográficas, más del doble que el resto de los países de nuestro entorno para un número similar de ríos.

Otro de los escollos para la planificación hidrológica está en las altas exigencias de los caudales ambientales que difícilmente se pueden compatibilizar con las demandas actuales, lo que está desembocando en una reducción de la disponibilidad de agua de otras demandas, principalmente el regadío, perjudicando a estos usuarios y privándoles del uso de este recurso. Se pretende injustamente que ríos o arroyos que tienen un régimen discontinuo de agua, es decir; que durante varios meses al año no transportan agua de un modo natural, ahora se les fija un caudal mínimo que dependen de los embalses aguas arriba de la cuenca. En épocas de sequía esta agua va en detrimento del regadío y procede de unas obras de regulación que los propios regantes están financiando de acuerdo con la legislación vigente.

¿Qué futuro le augura al regadío sin un Pacto Nacional por el Agua?

Resulta imprescindible alcanzar un Pacto Nacional por el Agua para garantizar un uso eficiente y acometer todas las obras pendientes. Insisto en que, sin un Pacto Nacional, cada una de las 17 administraciones hidráulicas hará una gestión de este recurso mirando exclusivamente el interés propio, no el interés general de la nación, que no es más que el de todos los ciudadanos que viven en el país.

La planificación hidrológica debería hacerse planteándose expectativas muy a largo plazo y con la participación de los verdaderos usuarios, que son los que necesitan el agua para ejercer su actividad, disponen de concesión administrativa y pagan todo tipo de cánones. Son también los que sufrirían las consecuencias de cualquier tipo de deficiencia. Es muy importante priorizar el interés general de los ciudadanos frente al localista de las comunidades autónomas y que la distribución equitativa del agua continúe siendo el objetivo del dominio público hidráulico, como reconoce nuestra legislación. Y es que los perjuicios y efectos colaterales de los enredos normativos que causa la excesiva descentralización evidencian la urgente necesidad de llevar a cabo un nuevo Plan Hidrológico Nacional donde la Administración Central ponga orden y concierto.

¿Cómo ha influido la tecnología en la gestión del agua para regadío? ¿Es España un referente en materia de riego en el ámbito internacional?

Gracias al desarrollo de la biotecnología, actualmente se podría disponer de cultivos con menores necesidades de agua y también de fertilizantes y fitosanitarios por ser resistentes a plagas y enfermedades, al margen de resultar más productivos.

No obstante, y aunque no haya que caer en la autocomplacencia, en España somos un referente internacional en regadío modernizado. Tenemos más de la mitad de nuestra superficie regada, concretamente 1,8 millones de hectáreas, dotada con sistemas de riego localizado -riego por goteo-, considerado el más eficiente. Mientras que, a nivel mundial, de los más de 330 millones de hectáreas de superficie regable, apenas un 6% cuenta con sistemas de riego localizado. En este sentido, somos el segundo país del mundo en porcentaje de riego localizado, únicamente por detrás de Israel.

Además, hay un 23% del riego por aspersión, lo que supone que un total de más del 75% de la superficie de riego existente en España se encuentre ya modernizada. Y es que hemos sido pioneros no sólo en obras hidráulicas, sino también en modernización del regadío. De hecho, sólo nos queda alrededor de un 26% de sistemas de riego por gravedad, que suelen ser de menor eficiencia en el uso del agua.

El próximo mes de noviembre se celebrarán nuevas elecciones generales a la Presidencia del Gobierno de España. Desde Fenacore, ¿qué le pide a la próxima Administración del Estado en materia de regadío?

La próxima Administración debe otorgar a la política hídrica el protagonismo que merece y ejecutar las actuaciones ya contempladas en los diferentes planes de cuenca, en los que se incluyen no sólo obras de regulación sino también de modernización de las zonas regables todavía pendientes y medidas complementarias de gestión de la demanda para optimizar el consumo.

EN NOMBRE PROPIO

-Un libro o una película... “Cambio Climático e Ingeniería” del autor José Luis Manzanares Japón (Real Academia Sevillana de Ciencias).

-Un color... El azul del agua y el verde que destella el campo después de ser regado

-Un animal... El caballo

-Una afición... Los toros, siempre van de frente

-Un deseo... Ver crecer a mis nietos

-Un día de la semana... El domingo

-Una estación del año... La primavera

-Una comida... El cocido y el salmorejo, tan cordobés como yo

-Un destino... Argentina, tierra grande y de contrastes

-Un refrán... “Campo bien regado, campo preñado”