El Gobierno de Murcia inicia los trámites para llevar a los tribunales al Ministerio de Transición Ecológica por dejar sin agua a los regantes del Levante

El Gobierno de la Región de Murcia ha iniciado los trámites para presentar un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica ante la decisión, formalizada mediante la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Orden TEC/1228/2019, de 17 de diciembre, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del Acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm³ para el mes de diciembre de 2019.

Según el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, “es una orden que niega el trasvase para regadío en el mes de diciembre y, con esto, el Ministerio ha adoptado una decisión sin precedentes causando un daño gravísimo al Levante español, con una decisión unilateral y partidista”.

El consejero afirmó que “ha llegado el momento de decir basta; no podemos seguir tolerando continuos ataques por parte del Gobierno de España. El Gobierno regional está al lado de los regantes y va a llegar a donde sea necesario con el único objetivo de que se reconsidere esta decisión arbitraria y se acepten los criterios técnicos para volver a trasvasar agua tanto para regadío como para consumo urbano”.

“La decisión de la ministra Teresa Ribera en el mes de diciembre se suma a la ya tomada en noviembre, pero con un agravante: es la primera vez que se vincula un asunto externo, como es la situación del Mar Menor, para tratar de justificar una decisión incomprensible, que ataca directamente a tres comunidades autónomas, a dos millones y medio de personas y a la economía del Levante”, lamentó Luengo. 

El recurso contencioso administrativo se interpondrá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al ser una norma dictada por una administración central, y en concreto ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, que posee la jurisdicción competente para resolver este tipo de litigios.

Esta decisión, con la que se iniciará la vía judicial, se suma al requerimiento previo enviado por la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente al Ministerio por la anterior decisión, adoptada en el mes de noviembre, de no trasvasar tampoco entonces agua para riego.

Las declaraciones del consejero fueron realizadas tras la reunión que mantuvo con Ana Correa y otros integrantes de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena y Comarca (COEC) y en la que se puso sobre la mesa el estado del Mar Menor y el punto de tramitación de la nueva legislación que está previsto que sea aprobada por el Consejo de Gobierno antes de que finalice el año.

Luengo les trasladó que “este Decreto Ley de Protección Integral del Mar Menor que estamos ultimando regulará los usos de los diferentes sectores que conviven en el entorno del Mar Menor, para garantizar su compatibilidad con la protección medioambiental y la recuperación de este espacio, que es único en Europa”. Además, agradeció el interés y la contribución que la COEC ha llevado a cabo durante estas semanas, “muestra de su compromiso y voluntad de devolver este espacio natural a una buena situación ecológica, lo que va estrechamente vinculado a la actividad económica, la creación de empleo y el desarrollo social”.