Los regantes piden al Gobierno central que la Dirección del Agua no esté en el Miteco

Las comunidades de regantes han pedido al nuevo Gobierno que la Dirección General del Agua salga del Ministerio para la Transición Ecológica y se integre en el Departamento que se encarga de las infraestructuras (Transporte y Movilidad -antigua Fomento-) para ejecutar las obras necesarias.

El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, lo ha argumentado porque la "prioridad" de la política hidrológica debe ser sacar adelante un nuevo Plan Hidrológico Nacional y ejecutar las actuaciones ya recogidas en los diferentes planes de cuenca.

Bajo su punto de vista, eso implica no sólo obras de regulación sino también de modernización y medidas complementarias de gestión de la demanda para optimizar el consumo.

"De no ser así, convendría que dependiera de Agricultura, al ostentar ya las competencias sobre el regadío", ha añadido.

De esta forma, aunque el actual Ministerio para la Transición Ecológica mantuviese las competencias sobre la evaluación ambiental de las actuaciones relacionadas con el agua, las relativas a su impulso y desarrollo deberían corresponder al antiguo Fomento: esta separación otorgaría "más independencia y coherencia" a esta política.

En todo caso, Del Campo ha confiado en que la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, -actualmente al frente de la planificación hidrológica-, "cambie de actitud" y "empiece a reconocer" la labor del regadío como sumidero de dióxido de carbono y su importancia para frenar el fenómeno de la España vaciada.

Los regantes han valorado la continuidad de Luis Planas al frente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: es la persona "idónea" para negociar la futura Política Agrícola Común (PAC) dado su "amplio conocimiento" del funcionamiento de las instituciones europeas, así como para mitigar el impacto del "brexit" en el sector y hacer frente a los aranceles impuestos por Estados Unidos.

De cara a la nueva legislatura ha abogado, además de por las correspondientes infraestructuras, por hacer frente a la amenaza que supondría la subida del precio del agua como medida para garantizar un uso eficiente.

Ha alertado de que "las presiones autonómicas atentan" contra una adecuada planificación hidrológica que debe regirse por el "interés común" y "no por los intereses localistas".

En materia energética, han recordado su petición de establecer dos contratos eléctricos anuales para reducir los costes y así compensar el "fuerte" esfuerzo en modernización llevado a cabo en los últimos años.