Castilla-La Mancha intensificará los controles en los contratos de compraventa

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha manifestado el compromiso del Gobierno regional para trabajar en la aplicación de la ley de la cadena alimentaria y que se incluyan los costes de producción en los contratos de compraventa, para lo cual ha dicho que se van a intensificar los controles en los contratos de las campañas más importantes.

El consejero ha informado en rueda de prensa de los asuntos de su departamento aprobados en el Consejo de Gobierno y, además, ha respondido a preguntas de los periodistas sobre las protestas que están protagonizando los agricultores y ganaderos para exigir precios justos para sus productos.

Martínez Arroyo ha asegurado que comparte la reivindicación principal de los agricultores y ganaderos, porque todo el mundo quiere recibir un precio justo por lo que produce y "precio justo significa más de lo que cuesta producirlo, tiene que generar un mínimo de rentabilidad".

Ha indicado que las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) contribuyen a compensar que "en ocasiones no existe esa rentabilidad porque al final los productos en la cesta de la compra cuestan lo que cuestan y no se paga realmente lo que los agricultores y ganaderos merecen. Para eso está la PAC, pero no solamente se puede resolver el problema a través de la PAC, también hay que trabajar con los agricultores y ganaderos para garantizar sus derechos en la cadena agroalimentaria".

El consejero ha asegurado que desde el Gobierno central "se ha trabajado rápido y bien" y ahora hay que ver cómo aplicar la novedad de la ley de la cadena agroalimentaria de que se incluyan los costes de producción en los contratos de compraventa.

"Esto no es sencillo", ha reconocido Martínez Arroyo, quien ha añadido que ha trasladado al Gobierno su compromiso de trabajar en ese sentido "para intensificar los controles de los contratos de compraventa que se firman sobre todo en las campañas más importantes" como la vendimia y la aceituna.

Respecto a la posición de la comunidad autónoma sobre la reforma de la PAC, también ha dicho que apoya al ejecutivo central en defender un presupuesto "justo y suficiente" al menos igual al del periodo actual, que es de unos 850 millones de euros al año.

Ha defendido un modelo de PAC en el que "no se pierda ni un solo agricultor ni ganadero" ni ninguna pequeña explotación, como ocurrió, ha dicho, con la negociación que hizo el anterior gobierno del PP.

Martínez Arroyo ha señalado que hay que tender a un modelo de convergencia en el que no haya diferencias entre las ayudas en distintas partes de España, para lo cual hay que eliminar los derechos históricos.