Distribución

El Gobierno central regulará la figura del consumidor vulnerable

lunes, 14 de septiembre de 2020

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El Ministerio de Consumo ha propuesto desarrollar la figura del consumidor vulnerable con el objetivo de que se reconozca la vulnerabilidad en las relaciones de consumo para aquellas personas, familias y colectivos con dificultades.


Lo ha anunciado este viernes el ministro de Consumo, Alberto Garzón, durante su intervención en un acto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), donde ha especificado que se modificará para ello la actual Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Lgdcu).


Según Garzón, el desarrollo de la figura de la persona consumidora vulnerable es "imprescindible para avanzar en la justicia social".


Contextos como la crisis sanitaria de la COVID-19, con sus implicaciones económicas, laborales y sociales, ponen de manifiesto que "todos somos susceptibles de ser consumidores vulnerables en algún momento de nuestras vidas", ha dicho el ministro.


La figura de consumidor vulnerable, con carácter parcial, existe en el actual marco legislativo estatal y autonómico para proteger a determinados sectores en el acceso a servicios básicos, pero sin concretar este término, ha explicado el Ministerio en una nota.


En cuanto a sectores económicos, solo el eléctrico y energético y el financiero consideran las características sociales, el poder adquisitivo y la vulnerabilidad social como criterio en sus relaciones.


El objetivo de Consumo es crear un marco regulatorio común para sectores como la vivienda, las telecomunicaciones o la alimentación.


Garzón participó el pasado viernes, junto a la presidenta de CNMC, Cani Fernández, en el acto de presentación de la nueva versión del comparador de ofertas de gas y de electricidad (comparador.cnmc.gob.es).


Se quiere facilitar a los consumidores la tarea de elegir la opción que mejor se adapta a sus necesidades.


Garzón y Fernández han coincido en señalar la iniciativa como un paso más en el objetivo común de conocer y vigilar las estructuras de mercado y proteger los intereses de las personas consumidoras. "Supone poner luz y taquígrafo al sector de las energías", ha asegurado Garzón.

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