Ganadería y Pesca

El sector pesquero exige una solución urgente para la comercialización del marrajo dientuso capturado legalmente

viernes, 25 de septiembre de 2020

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El sector pesquero español exige al Gobierno una solución urgente al limbo legal que impide la comercialización del marrajo dientuso capturado legalmente por la flota de palangre de superficie y actualmente procesado y almacenado. A juicio del sector, esta situación se debe a la descoordinación interministerial del Gobierno y, en especial, a la negativa del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) a permitir la comercialización de las capturas ya realizadas.


Según el sector, a pesar de las “buenas palabras” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), "no ha habido una defensa clara y contundente, ni de sus intereses ni del cumplimiento de la legalidad y transparencia del sector en lo referente a las capturas de esta especie, lo que pone en peligro la viabilidad de esta flota y los aproximadamente 10.000 puestos de trabajo que genera".


El conflicto entre pesca y comercialización surge de los distintos criterios establecidos por el MAPA, que gestiona la pesca del marrajo, y el Miteco, del que depende, junto con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, su comercialización internacional. 


Así, mientras el MAPA ha permitido, y permite aún, las capturas de esta especie en todos los océanos (como, por ejemplo, 940 toneladas en el Atlántico Norte, de acuerdo con las recomendaciones de ICCAT), el Miteco ha establecido de manera unilateral un cupo final de comercialización de marrajo en los diferentes océanos para 2020, incluyendo únicamente 350 t. en el Atlántico Norte.


Según el sector, durante los últimos meses, la flota afectada ha solicitado al MAPA indicaciones para actuar ante la disparidad de cifras, obteniendo siempre como respuesta que el cupo de exportación de 350 toneladas era sólo orientativo y se ampliaría hasta cubrir las capturas realizadas legalmente en el Atlántico Norte, puesto que considera que las recomendaciones de ICCAT son las que hay que cumplir. 


No obstante, y según Cepesca, "las desavenencias entre ambos ministerios se mantienen y la flota española de palangre de superficie se ve abocada a una crisis sin precedentes si no se habilitan los certificados CITES necesarios para comercializar el pescado ya capturado, tanto el almacenado en frigoríficos, como el que se encuentra en las bodegas de los buques".


A juicio del sector pesquero, esta situación pone a las empresas afectadas y a sus trabajadores "ante un escenario de inseguridad jurídica y de ruina económica", y aboga como solución que se permita la comercialización del pescado ya capturado y abordar, posteriormente, una definición de "instrucciones claras y precisas" sobre las capturas de esta especie.


Por otro lado, Cepesca también subraya el importante trabajo que realiza desde hace años el sector pesquero español para garantizar la pesca sostenible y basada en un enfoque ecosistémico a través de iniciativas como FIP Blues, el primer Proyecto de Mejora de Pesquería (FIP) para pez espada y tiburón a escala mundial, así como su estrecha colaboración con los científicos desde finales de los años 80, y lamenta que el Miteco desconozca su realidad y transparencia operativa. 


En este sentido, el sector solicita a este ministerio estrechar su relación a fin de poder compartir información y brindar un verdadero conocimiento, y no visiones sesgadas, de la actividad pesquera española, reconocida internacionalmente como una de las más sostenibles y muchas de cuyas iniciativas en ese sentido han sido emuladas por otros países y organismos encargados de la gestión pesquera.


La flota española de palangre de superficie realiza la pesca de marrajo dientuso, una de las 500 especies de tiburón existentes, con total transparencia y siguiendo las normas y recomendaciones de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP), responsables de la gestión de estas especies en todos los océanos (ICCAT, IOTC, IATTC y WCPFP). 


Para revertir una potencial mortalidad por encima de RMS (Rendimiento Máximo Sostenible) en el Atlántico Norte, el marrajo dientuso está sujeto a las recomendaciones y medidas de gestión aprobadas hace menos de un año por ICCAT para su conservación (Recomendación 19-06), lo que ha implicado una reducción de las capturas en dicho océano al adoptar ICCAT medidas de gestión del recurso análogas a las que el MAPA implantó en la flota española ya en 2018, que implicaron una destacada reducción de las capturas ese año y aún más en 2019.


Frente a ese cupo de pesca, y tras ser incluida la especie en el Apéndice II de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) en agosto de 2019 –lo que implica que se requerirá de un “certificado CITES” para poder comercializar las capturas realizadas fuera de la aguas de la UE-, el Miteco, en su calidad de autoridad científica de CITES, estableció en enero de este año un cupo español de comercialización de marrajo capturado en el Atlántico Norte de 350 toneladas en 2020, nivel que toma como referencia una captura total en dicho océano de 700 t. (cifra que se presentó en el comité científico de ICCAT, sin que este organismo haya impuesto ningún cupo al marrajo) frente a las 1.200 t capturadas por España en 2019.


Asimismo, Cepesca recuerda que la inclusión del marrajo en CITES "no cuenta con verdaderas evidencias científicas y que fue fruto de las presiones de algunas organizaciones ecologistas y de algunos países que no pescan dicha especie". 


De hecho, esta carencia ha sido reconocida tanto en el informe del Panel Asesor de Expertos de la FAO, que recomendó que no se debía incluir la especie en CITES, afirmando, entre otras cuestiones, que no es una especie en “peligro de extinción”, como por parte de la propia Secretaría de CITES, ya que estimaba que la población de la especie no está por debajo del umbral del 30% necesario para su inclusión en el Apéndice II.


Según el secretario general de Cepesca, Javier Garat, “el sector pesquero español afectado, declarado esencial por el Gobierno durante la COVID-19 y que ha permanecido operativo y garantizando el suministro de pescado a la población en todo momento, se siente abandonado por el Gobierno, que está condenando a la flota de palangre al colapso, incluso a su desaparición, ya que no podrá hacer frente a la crisis económica que está generando este tema. Nos están condenado al limbo, y no precisamente de los justos”.


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