Regadíos y Abastecimientos

Las alegaciones de Scrats al esquema de temas importantes advierten que pone en peligro la economía

miércoles, 28 de octubre de 2020

Trasvase Tajo Segura (Foto UPA Murcia)



Las alegaciones del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura al esquema provisional de temas importantes (EpTI) ponen de relieve que se hacen prevalecer objetivos ambientales desatendiendo la satisfacción de las demandas insustituibles para el mantenimiento de una actividad económica, tal y como recordó recientemente una sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea advirtiendo de que no se pongan en peligro los usos de gran relevancia económica.


Las alegaciones presentadas en videoconferencia por los abogados Carlos Menéndez e Isabel Caro-Patón remarcan que el agua además de un recurso ambiental es un recurso económico, por lo que la planificación debería garantizar la demanda de agua del trasvase sin que se comprometan los usos del agua del Tajo que sean racionales ni las demandas ambientales.


Menéndez indicó que de las ocho masas de agua que existen en el eje del Tajo, seis tienen un estado ecológico máximo y en dos de ellas no se alcanza, pero no debido a falta de caudal del río Tajo circulante en esas zonas, sino a otros motivos que el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, indicó que se trata de vertidos puntuales y contaminación difusa.


Según Menéndez, "no se puede hacer una lectura de la normativa europea solamente en clave ambiental" ya que sería "sesgada".


Este experto aseguró que no es necesario, por tanto, incrementar el caudal ecológico del río Tajo "ni en Aranjuez, ni en Toledo, ni en Talavera de la Reina" y puso de manifiesto estudios de Luis Garrote de Marcos, catedrático del departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Madrid y de Fernando Mariño, director de Ingeniería y Ciencia Ambiental. que marca la ley".


Lucas Jiménez ha recordado que el propio ministerio ha apuntado que el tramo entre los embalses de Entrepeñas y Buendía y Aranjuez está en buen estado con un caudal ecológico de 6 metros cúbicos "que es ampliamente sobrepasado habitualmente" con mas de veinte metros en ocasiones "y siempre por encima de los seis. La propuesta eleva de 6 a 8,5 metros cúbicos los caudales en la zona de Aranjuez, cuando los datos recogidos en los últimos cinco años demuestran que la media del caudal es de 9.


En las alegaciones del Scrats se pone de manifiesto que en el EpTI no se ha estudiado el impacto económico de la implantación de los caudales ecológicos y, por lo tanto, se desconoce su viabilidad.


Preguntado Lucas Jiménez por el apoyo del gobierno valenciano a estas alegaciones, respondió que es un gesto importante en una autonomía que siempre ha manifestado su apoyo "inquebrantable" al trasvase, teniendo en cuenta que el incremento de los caudales ecológicos del Tajo tendrá graves efectos sobre su viabilidad. "Esto no es un juego administrativo, es el futuro de mucha gente".


El presidente del Scrats criticó que de las 25 actuaciones que la planificación del Tajo dirigía hacia la modernización de regadíos solo se han puesto en marcha cuatro, y todas ellas hubieran supuesto un ahorro de 200 hectómetros cúbicos de agua, por lo que se preguntó la razón por la cual en el Tajo no tiran por esa vía.


Por su parte, el director general del Agua de la Región de Murcia, Sebastián Delgado, que participó en la videoconferencia, criticó la estrategia del gobierno central de eliminar el trasvase del Tajo, y resaltó que los cálculos científicos de expertos de primer nivel apuntan que con el caudal actual la masa de agua se encuentra en buen estado salvo en dos masas de agua por cuestiones morfológicas, sin nada que ver con el caudal.


En cuanto al calendario que se presenta ahora con la EpTI, indicaron que con la pandemia es impredecible y lo único claro es que el plazo de alegaciones concluye el día 30, que ahora tendrán que sacar el esquema dando respuesta a las alegaciones y tras ello formular el proyecto de planificación que debería salir a información pública en un plazo no inferior a seis meses. Antes de la pandemia se hablaba de que antes de 2021 estaría todo terminado. 

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