La regulación del fraude alimentario pasa por la transparencia, según un papel de expertos

El futuro de la reglamentación del fraude alimentario tiene "un largo recorrido" por delante, un objetivo a alcanzar que ha de ir de la mano de una mayor transparencia por parte de todo el sector agroalimentario, ha coincidido este jueves un panel de expertos.

"El fraude alimentario existe", han resumido los participantes del seminario virtual titulado 'Fraude Alimentario 2030. Mirando hacia el futuro', por lo que han recalcado que esta necesitada transparencia se puede lograr con una reglamentación adecuada, así como con una mayor cooperación entre la administración y el sector privado y una mayor concienciación de los consumidores.

El responsable del Departamento de calidad y seguridad alimentaria de Cooperativas agroalimentarias Castilla-La Mancha, Jacinto Tello, ha destacado que en primer plano está la adaptación del sistema agroalimentario a las nuevas normativas europeas, que exigen una mayor cantidad de alimentos con estrictas medidas medioambientales, de calidad y de seguridad alimentaria.

"Es un reto apasionante y la investigación va a ser fundamental para dar respuesta a esas condiciones de producción y hacer más con menos", ha resumido Tello durante este foro, convocado por el centro tecnológico Ainia.

Por su parte, el director de Certificación Agroalimentaria en DNV GL, Javier Soria, ha alegado que la transparencia se debe alcanzar por medio de herramientas digitales "que se están desarrollando".

Sin embargo, "las herramientas son solo herramientas", por lo que ha hecho hincapié en la necesidad de "crear unos proceso de comunicación y unos procedimientos que permitan realmente utilizar esta información de una manera adecuada".

Ha destacado también la importancia del big data (la gestión de datos a gran escala) para lograr la trazabilidad a lo largo de la cadena agroalimentaria y el desarrollo de un etiquetado adecuado, que vaya complementado de tecnologías que proporcionen un soporte alternativo para aportar la información necesaria sin saturar las etiquetas.

El responsable del Sistema de Control del Fraude de la Comunidad Valenciana, Juan Ramón Vírseda, ha defendido que el control del fraude alimentario debería ser obligatorio para lograr productos seguros, que pueden suponer no solamente un delito económico sino también un peligro de salud y generar inseguridad alimentaria.

"El fraude no está cuantificado pero los indicadores nos indican que hay un volumen importante", ha recalcado, y ha puesto como ejemplos los anuncios que se hacen en muchos restaurantes de productos ibéricos o de determinadas regiones cuando no siempre lo cumplen o dan lugar a publicidad engañosa.

Ha celebrado que Europa ya esté tomando medidas a nivel comunitario, como reacción a problemas de salud pública por fraude alimentario en la última década, por lo que considera que esto tendrá un efecto en la legislación nacional.

Ha recalcado que los consumidores también han de tomar parte en esta lucha, que exijan saber el origen y calidad de los productos que consumen, para que así las empresas también reaccionen con mayor contundencia ante los casos de fraude, ya que en ocasiones no los denuncian y "lavan los trapos sucios en casa".

El coordinador del Grupo de Economía Internacional, José María Álvarez Coque, ha puesto atención en comprender por qué se dan estos casos de fraude, por lo que ha abogado por realizar más estudios al respecto, para comprender la motivación de estos casos, la facilidad para poder llevarlos a cabo y las medidas de control para evitarlos.

Asimismo, ha abogado por un trabajo "interdisciplinar" compuesto por unidades de inteligencia en temas de fraude, en el que trabajen conjuntamente las empresas, las universidades, los centros tecnológicos y la administración".