Regadíos y Abastecimientos

El Scrats afirma que "el agua es asunto de Estado que se ha vuelto rifirrafe político"

lunes, 21 de diciembre de 2020

Lucas Jiménez Pte Scrats (Foto C.Guardia)



"El problema del agua en el trasvase Tajo-Segura no es de datos, ni técnico; es una cuestión política de votos en las autonomías; el agua es un asunto de Estado que se ha vuelto rifirrafe autonómico", según el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez.


Jiménez insiste en que desde el sindicato "se respeta la cuenca cedente" y hay una buena relación con el sector primario de Castilla-La Mancha, pero "el asunto político es complicado".


Frente a la controversia, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) defiende el "músculo" que el trasvase aporta a los agricultores de la cuenca del Segura (Murcia, Alicante y Almería), refrendados por las conclusiones del informe encargado a la consultora PriceWaterhouseCoopers, que actualiza los datos de su impacto sobre el sector.


Este nuevo estudio refleja que la aportación de la actividad de los regantes de Scrats en el PIB supera por primera vez los 3.000 millones (3.013 millones) y da empleo a 106.566 personas.


Según la consultora, la producción agrícola de la zona del trasvase aporta casi 1.548 millones de euros; la comercialización, casi 1.146 millones; y la transformación (138 compañías), unos 320 millones.


De acuerdo a su análisis, los productores de la cuenca del Segura realizan el 71 % de las exportaciones de hortalizas y el 25 % de las de frutas españolas, y de forma conjunta, el 44 % del total nacional.


Jiménez recuerda, además, que en el contexto de la pandemia de la covid "los regantes ha seguido produciendo alimentos para abastecer los supermercados, con garantías sanitarias", y "esta despensa de frutas y hortalizas está en riesgo con las peleas regionales sobre el agua".


Son, según el presidente de Scrats, 80.000 regantes -147.255 hectáreas con derecho a riego con aguas procedentes del trasvase". con características "muy distintas", una masa "social grande de pequeños agricultores".


En ese sentido, la solución de la desalinización es para Jiménez "un recursos complementario", por tres motivos: su baja mineralización, el alto contenidos en boro ("que no es adecuado para todos los cultivos" y su alto coste energético.


Según precisa, el agua de las desaladoras tiene un coste medio de 0,68 euros por metro cuadrado, mientras que el precio medio de la procedente del trasvase es de 0,16, con lo que prácticamente se multiplica por cuatro el coste energético para los productores, que no pueden asumir ese input.


En 2019, la autorización del trasvase para los regantes de Scrats fue de 184,3 hectómetros cúbicos; el total de la superficie regada en España, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es de 3.828.747 hectáreas.


La situación hidrológica actual, según el informe a noviembre de la Comisión Central de explotación del acueducto Tajo-Segovia, apunta a una decisión de trasvase de 20 hectómetros cúbicos al mes, con perspectiva de ser así para tres meses.

En este contexto, Castilla-La Mancha ha firmado un acuerdo en Defensa del Agua entre partidos políticos, agentes sociales y económicos y cuarenta entidades".


Tras conocer el pacto, Murcia ha pedido a Andalucía y Comunidad Valenciana que se unan para exigir al Gobierno central un "pacto hidrológico nacional" que acabe con "enfrentamientos interesados" entre autonomías.


El futuro del agua, según Lucas Jiménez, pasa también por la investigación en digitalización para lograr un uso sostenible del recurso y por ello participa en el Grupo Operativo "Mellizo", que impulsado por regantes, productores, empresas tecnológicas y universidades se está desarrollando en cultivos al aire libre e invernadero, y en cultivos leñosos. 

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