UPA y Unión de Uniones defienden la fijación de precios desde la producción

Las organizaciones agrarias UPA y Unión de Uniones han defendido la fijación de precios desde la producción y no al revés, tal como plantea la ley de la cadena alimentaria, y han pedido cambios adicionales.

Junto a otras asociaciones de agricultores y ganaderos, han cerrado la primera de las tres jornadas convocadas por la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso para analizar el último proyecto de reforma de dicha ley.

La vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, ha destacado la oportunidad de "rematar" asuntos pendientes, después de que la modificación realizada el pasado febrero prohibiera la venta a pérdidas, "una respuesta del Gobierno a la movilización del sector agrario sin precedentes" de principios de 2020.

En ese sentido, ha llamado a asegurar que las asociaciones de operadores puedan denunciar, se proteja la identidad de los denunciantes, se registren los contratos alimentarios, se regule la destrucción de valor en la venta final del producto, que exista un mecanismo de mediación y se actualicen los índices de precios y costes objetivos de manera transparente.

Estas reivindicaciones forman parte del conjunto de enmiendas que UPA, junto con Asaja y COAG, ha presentado al Congreso para que se tengan en cuenta en la tramitación del proyecto.

"Ha llegado el momento de cambiar la formación de precios. En vez de fijarlos en la parte final de la cadena, hay que hacerlo al revés, desde la producción, para remunerar de forma justa el trabajo de los productores", ha subrayado Cortiñas.

Por su parte, el coordinador estatal de Unión de Uniones, José Manuel de las Heras, ha considerado que la ley no puede acabar "por sí sola" con los desequilibrios de la cadena, pero puede mejorarse tras la reforma de febrero, que en su opinión fue "más una operación publicitaria" frente a las tractoradas.

En muchas ocasiones, "nos vemos sometidos a aceptar imposiciones de operadores dominantes" y a "firmar contratos por debajo del coste de producción", ha asegurado el coordinador, quien ha pedido la inclusión de costes que sean "estadísticamente validados", del grado de cuota de mercado en los eslabones y de los costes medios homologables como referencia en las negociaciones.

De las Heras se ha mostrado contrario a la venta por debajo de los costes de producción, así como a poner en riesgo "la estabilidad del modelo productivo y defraudar a los consumidores con productos que no cumplen sus exigencias".

En su intervención, el secretario de La Unió de Llauradors, Joan Manuel Mesado, ha calificado la ley española como "más avanzada que la alemana y más conservadora que la francesa", a la que ha puesto de modelo, aunque se deba analizar su impacto en cuestiones de competencia, ya que aumenta el nivel al que se puede vender para garantizar la retribución de los productores.

A su juicio, el problema está en que "el gran poder de negociación de la gran distribución invierte el proceso de formación de precios", por lo que se necesita una normativa que regule ese poder de negociación e incluya la publicación de sanciones y un sistema de daños y perjuicios al que los productores puedan acogerse.

En representación de los agricultores y ganaderos de Canarias, la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, ha solicitado que no se aplique la prohibición de vender a pérdidas para el plátano canario, ya que su aplicación significaría la "pérdida de competitividad" frente a países terceros de cultivo "singular" de exportación de una región ultraperiférica.

En el turno de preguntas, el diputado socialista José Luis Aceves ha resaltado que la ley es "un avance" que marca un "cambio de paradigma", mientras que el popular Juan José Matarí ha expresado sus dudas sobre la posibilidad de que el nuevo proyecto para la transposición de la directiva suponga una desventaja para los productores españoles en el contexto europeo.

La representante de Podemos, Isabel Franco, ha criticado que la gran distribución "externalice" sus pérdidas mediante la promoción de ciertas ofertas, en detrimento de los agricultores, y el de Vox Ricardo Chamorro ha insistido en proteger al sector productivo nacional frente a la "sobreoferta del exterior".