Andalucía pagó en 2020 más de 236 millones de fondos Feader para el desarrollo rural
SEVILLA Agrodiario miércoles, 27 de enero de 2021
La Junta de Andalucía ha pagado en 2020, pese a las adversidades del Covid-19, más de 236 millones de euros de ayudas en gasto Feader (que suponen 300,2 millones en gasto público) del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020.
Así, en lo que va de legislatura (2019 y 2020) el Gobierno andaluz alcanza una ejecución del 28% de los incentivos incluidos en esta programación que cuentan con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Este montante gestionado por el Gobierno andaluz el pasado año destaca especialmente por las dificultades añadidas que han supuesto las medidas establecidas para intentar evitar la propagación del Covid-19 y, además, muestra la implicación del actual Ejecutivo autonómico con la gestión de estas ayudas, ya que el porcentaje de ejecución del período 2015-2018 fue del 20%.
En aquellos cuatro años, el Gobierno andaluz anterior abonó ayudas por 382,78 millones de euros mientras que la Junta de Andalucía actual ha pagado, en dos años, más de 538,85 millones de euros, según los datos aportados por la Consejería.
El informe presentado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible al Consejo de Gobierno refleja un saldo positivo de 5,8 millones de euros del cumplimiento de la 'Regla N+3' de 2017, que permite un margen de tres años para la certificación y declaración de los fondos relativos a cada anualidad.
Es decir, en función de este requisito financiero establecido en los reglamentos comunitarios, las ayudas del PDR financiadas con Feader y programadas en 2017 debían quedar liquidadas, como máximo, en diciembre de 2020.
En caso contrario, la cantidad no certificada debería devolverse a Europa, como ya ocurrió con más de 154 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural del marco anterior (2007-2014). Esta pérdida de fondos respondía, por un lado, a no haber cumplido a tiempo con la 'Regla N+2' que se aplicaba en ese momento, y, por otro lado, no haber certificado ayudas previstas en ese marco por valor de más de 100 millones de euros.
En el caso concreto del pasado ejercicio, las complicaciones derivadas de la pandemia de coronavirus han supuesto una causa de fuerza mayor con repercusiones en la ejecución del PDR que, como contempla la normativa, permiten a la Junta de Andalucía ampliar este plazo para aquellas subvenciones que no se hayan podido certificar a tiempo.
Las restricciones relacionadas con el Covid-19 han afectado, por ejemplo, a la disponibilidad del equipo humano encargado de los trámites o a la posibilidad de realizar controles de campo.
El presupuesto total del PDR 2014-2020 supera los 1.910 millones de euros en gasto Feader para que, unido a la cofinanciación nacional (Estado-Junta) alcance los 2.400 millones totales de gasto público que, en su mayoría, se gestionan a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y sus agencias.
En menor medida, también tramitan incentivos incluidos en esta programación las consejerías de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; de Presidencia, Administración Pública e Interior; de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades; y de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
La relevancia de estas ayudas radica en la importancia del Programa de Desarrollo Rural tanto en el ámbito puramente económico como por ser una herramienta fundamental para la transformación del tejido productivo de Andalucía.
FONDO PESQUERO
En cuanto al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) 2014-2020, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible es la encargada de gestionar íntegramente los 137,5 millones de euros que corresponden a Andalucía. Durante 2020, este Departamento de la Junta ha ejecutado más de 13,4 millones de euros.
La 'Regla N+3' también se aplica a estas ayudas, pero, al igual que ocurre con las subvenciones del Programa de Desarrollo Rural, es posible justificar ante Bruselas la reasignación de determinadas inversiones al año 2021 debido al impacto del Covid-19 en la economía y en la gestión administrativa.
