Castilla-La Macha y Aragón proponen que solo haya seis regiones agronómicas en la nueva PAC

Las comunidades de Castilla-La Mancha y Aragón proponen que en la nueva Política Agraria Común (PAC) solo haya en España seis regiones agronómicas en vez de las 52 que hay actualmente, así como que se agilice el proceso de convergencia de las ayudas, para que en 2023 no haya ya derechos históricos.

Son dos de las cuestiones que se incluyen en un decálogo que han suscrito este viernes en Toledo los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha y de Aragón, Francisco Martínez Arroyo y Joaquín Olona, respectivamente, de cara a la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC), que trasladarán al ministro del ramo, Luis Planas, y a otras comunidades autónomas.

El decálogo consta de diez puntos, entre los que figura rebajar drásticamente el número de regiones agronómicas en España, de forma que bajen de las 52 que hay actualmente a solo seis, siguiendo la línea del resto de Estados miembros de la UE, en los que hay una o dos regiones productivas por cada país.

Su propuesta es que en España haya seis regiones agronómicas, que serían las de herbáceos de secano, herbáceos de regadío, leñosos de secano, leñosos de regadío, pastos y pastizales, ha detallado Martínez Arroyo a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa posterior a la firma del decálogo.

Asimismo, las dos comunidades proponen que se agilice el proceso de convergencia de las ayudas, de forna que a partir de 2023 se supriman de forma completa y definitiva los derechos individuales y las referencias históricas, para propiciar que un agricultor cobre lo mismo por hectárea con independencia de dónde tenga la explotación, en la línea de lo que está planteando el propio Planas.

Se trata de que "todos los agricultores cobren lo mismo por hacer lo mismo, que se acabe con esas diferencias enormes", ha explicado Olona.

Los dos consejeros han destacado que el planteamiento general es propiciar que la reforma de la PAC y su aplicación en España favorezca la renta de los agricultores profesionales en el marco del modelo familiar agrario, que deben de ser los más beneficiados de la redistribución de fondos que debe de llevarse a cabo.

Martínez Arroyo ha dicho que "entendemos que estamos ante una oportunidad histórica de apoyar a esa agricultura familiar y profesional", por lo que plantean que solo haya una diferencia "la de explotaciones profesionales con respecto al resto", en tanto que Olona ha puntualizado: "Queremos que los profesionales cobren más, pero no estamos excluyendo a nadie".

En este sentido, en el decálogo propugnan que haya una ayuda redistributiva a repartir entre los agricultores profesionales, cuyas rentas provengan en más de un 50 por ciento de la agricultura, que reciban menos de 60.000 euros de ayudas desacopladas y que estén afiliados a la Seguridad Social como agricultor genuino plus.

También plantean que se maximicen los fondos destinados a las ayudas asociadas a la ganadería extensiva con pastoreo (ovino, vacuno y vaca nodriza), porque consideran que es un sector con una importante brecha de renta, muy vinculado a los territorios más frágiles y en el que es difícil aplicar las ayudas desacopladas por hectárea.

En esta línea, también abogan por que se garantice que los eco-esquemas reviertan en beneficio del modelo familiar y profesional agrario, por la importancia económica de estas intervenciones en el ámbito de las ayudas directas.

Otro de los puntos importantes del decálogo es el de incrementar en un 5 por ciento los pagos directos a las mujeres que tengan la condición de agricultura genuina plus, así como aumentar también en un 5 por ciento la ayuda complementaria destinada a las jóvenes que tengan derecho a percibirla.

Además, proponen que no reciban ayudas PAC los titulares que no cumplan la normativa en materia laboral, así como que se garantice el 'segundo pilar' como política de apoyo a la mejora de las estructuras agroalimentarias orientada a la competitividad, y que las organizaciones de productores, y sus correspondientes programas operativos, se centre en la concentración de la oferta procedente de explotaciones familiares.

Y como décimo punto del decálogo, Castilla-La Mancha y Aragón defienden que las líneas del Programa de Desarrollo Rural sean decididas y ejecutadas por las comunidades autónomas.