Las organizaciones agrarias preparan un 'otoño caliente' por la PAC, los precios bajos en origen y la subida de la luz

La propuesta de aplicación de la nueva PAC en España, los bajos precios en el campo, la espiral alcista de los costes (luz, materias primas alimentación animal, gasóleo, etc...) y una reforma de la Ley de Cadena Alimentaria en la que el Gobierno pretende dar marcha atrás en la prohibición de la venta a pérdidas, ponen contra las cuerdas a los agricultores y ganaderos profesionales.

Por ello, el sector agrario ha decidido volver a tomar las calles, como antes de la pandemia, para trasladar a la opinión pública sus reivindicaciones y defender sus derechos. Y todo ello, una vez más, desde la unidad de acción, ya que las principales organizaciones agrarias han hecho piña y convocarán juntas protestas dentro de un 'otoño caliente' en cuanto al sector agropecuario.

En este sentido, la Comisión Ejecutiva de COAG planteará el próximo martes a sus organizaciones regionales la convocatoria de un "proceso general de movilizaciones, dentro de un marco de unidad de acción con las otras dos asociaciones profesionales agrarias representativas": Asaja -que el jueves ya anunció protestas- y UPA.

"Hay más que motivos para salir a la calle a reivindicar un plan urgente de medidas de apoyo", porque "los hombres y mujeres del campo nos enfrentamos en estos momentos a una tormenta perfecta: una espectacular subida de los costes de producción y precios a la baja en origen con diferenciales entre el campo y la mesa por encima del 450 %", ha subrayado su secretario general, Miguel Blanco.

Blanco también ha apuntado como motivos de la convocatoria de movilizaciones las "mayores exigencias pero menos ayudas" que se avecinan con la nueva Política Agrícola Común (PAC), cuya aplicación en España "atenta contra los intereses de los agricultores y ganaderos profesionales".

A estas motivaciones han sumado la de la "propuesta de reforma de Ley de Cadena Alimentaria" que está sobre la mesa y que "no acaba de atajar las prácticas comerciales abusivas y la venta a pérdidas".

Desde COAG han explicado que si se aprueba el Plan Estratégico Nacional para el desarrollo de la nueva PAC en España en los términos planteados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), "el gran perdedor de su aplicación sería el agricultor profesional".

Y es que -han añadido- la figura de "agricultor activo" que se baraja "incluye a todos los titulares de explotaciones, aunque su actividad agraria sea residual".

"De esta manera, cerca de 250.000 perceptores de la PAC, cuya actividad agraria supone menos del 10% de sus ingresos, tendrían acceso, además de a la ayuda básica reconocida, a las redistributivas, asociadas y ecoesquemas, sin que haya ningún tipo de priorización para los agricultores y agricultoras profesionales", indicaron fuentes de COAG.

La Dirección estatal de COAG también ha justificado su apoyo a las movilizaciones por las repercusiones en la actividad agrícola y ganadera de la "espectacular subida de la luz", con incrementos de factura del 150% para una comunidad de regantes de olivar solo entre abril y agosto, o del 60% para una explotación láctea en el último mes, han puesto como ejemplo.

"Esta situación se verá empeorada ahora porque el gasto importante de la campaña se centra en el periodo agosto-septiembre, cuando justamente los precios de la electricidad están disparados", han lamentado.

LEY DE LA CADENA

El proyecto de la Ley de la Cadena Alimentaria, que encara la recta final de las negociaciones en el Congreso de los Diputados, es otra de las razones que alegan para sus posibles protestas.

A su juicio, "no se debe dejar pasar la gran oportunidad de reforzar dicha normativa" ante las "enormes dificultades" que atraviesan los productores, como los del sector lácteo, que están percibiendo "unos precios por debajo de los costes de producción".

"Hemos pedido a los parlamentarios que mantengan la firmeza en cuanto a la prohibición de la venta a pérdidas en el último eslabón de la cadena", han asegurado antes de añadir otras reclamaciones para la normativa, como el "registro de contratos", su aplicación a productos de países terceros y la inclusión del canal Horeca.

Además, han defendido que el texto definitivo de la Ley de la Cadena refuerce la figura del mediador y permita la generación de unos índices de precios y costes que tengan un impacto real en los contratos que se han de firmar y sirvan de referencia para los mismos.