COAG Murcia pide cumplir la Ley de la Cadena para no vender a pérdidas durante la subida de costes

El presidente de COAG Región de Murcia, José Miguel Marín, ha exigido este miércoles que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar que los productores vendan a pérdidas durante la crisis de insumos generada por la subida "exponencial" de los costes energéticos, de fertilizantes y logísticos.

En una rueda de prensa posterior a su reunión con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, Marín ha asegurado que los agricultores y ganaderos, desde el comienzo de esta crisis, no han incrementado sus precios de venta y están absorbiendo el impacto del incremento de los costes.

"Si hay una subida al consumidor no es debido al incremento por parte del productor", ha aclarado el nuevo presidente regional de Coag, que sustituye en el cargo a Miguel Padilla, que dirige actualmente la organización a nivel estatal.

Marín ha remarcado que la gran distribución determina los precios y ha sugerido que la "especulación es gratis y siempre funciona" en estos casos, reforzado por la existencia del "mantra" de un posible desabastecimiento, que ha descartado en estos momentos.

Tras reclamar a todos los agentes intervinientes en la cadena de distribución y venta que se hagan "corresponsables" de la situación y ajusten también sus márgenes, el presidente regional de Coag ha reclamado medidas para acortar la previsión de precios altos de la luz para los próximos seis meses.

De lo contrario, ha augurado que habrá una mayor repercusión en los precios de venta al público y, al mismo tiempo, habrá explotaciones y empresas del sector que no aguanten y cierren su actividad.

Por su parte, el consejero del ramo ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que adopte medidas "concretas, reales y precisas" que compense el incremento de los costes de producción a los productores agropecuarios, como la unificación del precio de la energía para el sector primario.

Ambas partes han coincidido en exigir al Gobierno garantías de suministro de agua para la cuenca del Segura y en presentar alegaciones al plan de cuenca del Tajo, que contempla el incremento de los caudales ecológicos, lo que repercutirá en el Trasvase Tajo-Segura.

Finalmente, también han advertido de las consecuencias que tendrá el nuevo ciclo de la Política Agraria Común (2023-2027) en la ganadería intensiva sin tierra asociada y en los frutos secos, que verán reducidas sus ayudas con el actual borrador del documento.