Arrecian las críticas a Garzón por las macrogranjas y el Gobierno se desmarca

La tormenta política sobre el ministro de Consumo, Alberto Garzón, a cuenta de sus declaraciones sobre las macrogranjas no ha cesado y han arreciado las criticas desde el ámbito político, empresarial y ganadero, mientras el Gobierno circunscribe sus declaraciones al ámbito personal.

Su entrevista en el diario británico The Guardian, en la que aseguró que las granjas de gran tamaño "contaminan los suelos y el agua", y generan una carne de "peor calidad" e incluso que "es un maltrato animal lo que se produce", ha seguido provocando reacciones y manteniéndose como uno de los temas del día en Twitter.

El pasado miércoles, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la de Educación, Pilar Alegría, ha afirmado que Garzón hablaba "a título personal".

Para el Ejecutivo, el sector ganadero "es prioritario, no se entiende España sin él", y no solo cumple con todas las directivas de la Unión Europea, sino que produce carne de "altísima calidad".

Fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) han precisado que en España conviven modelos de ganadería intensiva y extensiva, que "siguen las estrictas normas de producción y bienestar animal de la Unión Europea".

El Departamento trabaja en la actualización de la normativa de ordenación de los sectores ganaderos, como ya se ha hecho con porcino y avícola, y se hará próximamente con el sector vacuno (carne y leche).

Dentro del ámbito político, la portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, Milagros Marcos, ha señalado que estas declaraciones ponen en riesgo las exportaciones cárnicas de España y ve "impresentable" que el titular de Consumo hable de problemas de calidad en los productos cárnicos.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (PSOE), ha defendido el modelo de ganadería que se practica en su región, "extensivo, sostenible y de calidad", que "ha definido el entorno ambiental" de la comunidad.

Desde Toledo, el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha pedido a Garzón que rectifique y reconozca que la carne española "es de primera calidad" porque "no se de puede hacer propaganda negativa de un sector tan importante en el exterior".

Por parte del sector productor, Cooperativas Agro-alimentarias de España ha reclamado la dimisión del ministro por unas declaraciones que ha calificado de "inaceptables".

El sector cooperativo cree que es "injusto" que el titular de Consumo señale al sector ganadero como principal causante del cambio climático y le han acusado de comportarse más como "un activista" que como un miembro del Gobierno.

La organización agraria COAG ha demandado una rectificación pública de Garzón, tras haber "criminalizado a las miles de familias del sector ganadero", mientras que Unión de Uniones ha reclamado su cese, por ser un "mal ministro para el sector agrario y para la Marca España"; críticas que se suman a las formuladas ayer por Asaja y UPA en las llegaban a pedir su dimisión.

En el caso de la patronal CEOE, ha exigido acabar con los ataques al sector ganadero con unas palabras "inaceptables que dañan la economía y la reputación de un sector" que en 2020 superó los 20.200 millones de euros, lo que equivale a un 1% del PIB nacional.

Actualmente, hay más de 7.100 complejos industriales que informan de sus emisiones y el 53 % corresponde al sector de la ganadería (aves de corral y cerdos), es decir, más de 3.700 explotaciones que se considerarían de gran tamaño, sin contar con las de vacuno intensivo, que no están incluidas en este registro.

La cadena ganadero-cárnica, en la que cada granja sea cual sea su tamaño tienen que cumplir las normas legales sobre bienestar animal, aporta más de 42.200 millones de euros a la economía y, de forma directa, indirecta o inducida, unas 2,5 millones de personas viven de la misma.