El Estado recurre ante el Constitucional la Ley regional del Mar Menor por "limitar y reducir su protección"
MADRID C. Guardia miércoles, 25 de mayo de 2022
El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sobre dos preceptos del Real Decreto Ley 5/2021, de 27 de agosto, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que modifica la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y protección del Mar Menor.
El Gobierno adopta esta decisión porque considera que, "lejos de reforzar la protección del Mar Menor, la norma autonómica reduce y limita dicha protección".
La razón radica en que la norma de la Región de Murcia condiciona la restitución de las explotaciones de regadío ilegales a su estado natural a que exista una actuación administrativa previa de la Confederación Hidrográfica del Segura de prohibición y sanción.
Justificación del recurso
El Gobierno considera que la normativa autonómica no solo "dificulta la restitución de terrenos ilegales" al exigir una actuación concreta del Estado, sino que también "hace dejación de sus responsabilidades y competencias" en los ámbitos agrario y ambiental, pues "desiste injustificadamente de actuar de oficio" en muchos otros supuestos de ilegalidad en los que las explotaciones se asientan en suelos forestales, de secano o protegidos, entre otros motivos.
El ejemplo más claro lo ofrece la propia ley (art. 33.5, no impugnado): Si hay una explotación de regadío que es ilegal por tener la condición de monte, la Ley establece que la Comunidad es la competente para ordenar la restitución del cultivo a su estado anterior. Sin embargo, para hacer efectiva esa restitución se exige (artículo 33.1, impugnado) una actuación previa de la Administración del Estado (Resolución de la Confederación Hidrográfica), cuando las competencias involucradas son únicamente autonómicas y nada tienen que ver con el Estado.
En definitiva, el diseño que realiza la normativa murciana y que impugna el Estado dificulta, reduce y dilata los procesos autonómicos de restitución de los terrenos a su estado natural y, en consecuencia, no actúa con la suficiente diligencia contra las explotaciones ilegales, con el consiguiente impacto negativo sobre el Mar Menor.
Atendiendo a la necesidad de que cada Administración ejerza eficazmente sus competencias, siempre de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, en una situación de crisis ambiental que puede aún agravarse, el Gobierno adopta la determinación de presentar este recurso para asegurar y blindar la protección del Mar Menor, dejando en manos del Tribunal Constitucional la valoración sobre la inconstitucionalidad de la norma y los términos en que deben interpretarse las cuestiones objeto de la discrepancia.
El Gobierno, sin embargo, además de sus decisiones en relación con el Mar Menor, mantendrá abierto el diálogo y la cooperación con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en esta cuestión y en el resto de actuaciones para su protección ambiental.
