Teresa Ribera cree que las comunidades buscan generar alarma sobre el trasvase Tajo-Segura

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que el anuncio de que Andalucía, Murcia y Alicante recurrirán en los tribunales las aportaciones del trasvase del Tajo-Segura validadas por el Gobierno, "tiene mucho de político", y busca "generar una alarma".

Ha explicado a los periodistas que el Ejecutivo ha estado trabajando en una planificación del ciclo del agua que espera que quede reflejada en los planes hidrológicos de cuenca, que están en la última fase de evaluación de impacto ambiental y serán culminados y aprobados este otoño.

Ribera ha opinado que la declaración realizada por algunos representantes del PP "tiene mucho de político en este momento, donde ni siquiera todavía están aprobados los planes hidrológicos, ni ha habido ninguna cosa que pueda ser susceptible de ser recurrida o de generar una alarma como la que están intentando transmitir".

La ministra de Transición Ecológica ha sostenido que el Gobierno va a "estar con la población", así como trabajar para que se cumpla la normativa europea y garantizar el agua del grifo, de manera que estos "escenarios hídricos, que son complicados, cuenten con una respuesta que se construya con suficiente anticipación".

Todo ello, ha añadido, con el objetivo de que no se produzcan "situaciones tensas, duras, donde el problema real sea directamente que no hay agua disponible".

En el trabajo que desarrolla su departamento, el elemento que más ha preocupado a los agricultores ha sido las consecuencias que podía tener el cumplimiento de sentencias y la normativa europea con respecto a "la obligación que tiene España, como cualquier país, de fijar un caudal ecológico para el Tajo", ha indicado.

A este respecto, ha incidido en que "el río más grande de la península ibérica no tenía fijado un caudal ecológico y hemos sido condenados reiteradamente por ello".

Ha argumentado que el cambio climático "exige estar preparados" para episodios de sequía y de lluvias torrenciales, y ello obliga a planificar el agua "de una manera diferente", pero "también a reforzar inversiones" que garanticen agua salada y agua reciclada "bien conectada" para que se pueda usar en explotaciones agrarias.

La ministra ha subrayado el "trabajo de escucha atenta y de integración" realizado por el Gobierno, que se ha comprometido a invertir 8.000 millones de euros en el próximo ciclo hidrológico (2022-2026).

Por otro lado, sobre la situación del parque nacional de Doñana, Ribera ha dicho que "es patrimonio de todos" y ha confiado en que "se imponga el sentido común y la responsabilidad".

"La Comisión Europea está muy encima de qué es lo que ocurre allí", ha manifestado la vicepresidenta, quien ha advertido de que se está "poniendo en riesgo el patrimonio natural, el agua", así como "la credibilidad" y eventualmente un procedimiento de infracción que "acabe en una condena muy dura para España".

"De hecho -ha recordado- paramos la ejecución de esa condena con un plan que esperamos se cumpla sin que haya ningún tipo de susto adicional".

La ONG SEO/BirdLife ha advertido este viernes de la "dramática" situación y del riesgo de colapso en Doñana por la sequía y la mala gestión de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y del peligro de que deje de ser un refugio para aves en peligro de extinción.