La cadena de valor del consumo lanza un SOS para frenar impuesto al plástico

La cadena de valor de los principales sectores de consumo se ha unido para lanzar una última llamada de auxilio al Gobierno en busca del aplazamiento al menos un año de la aplicación del impuesto especial al plástico, que entrará en vigor en enero de 2023.

El director general de la Asociación de fabricantes y distribuidores (Aecoc), José María Bonmatí, ha explicado en una rueda de prensa que ese nuevo tributo, que afecta a todos los sectores "de manera transversal", llega en un momento "inadecuado", marcado por los altos costes y la inflación.

Después de que Italia decidiera suspender la entrada en vigor de ese tipo de gravamen, Bonmatí ha subrayado que España se queda sola en la Unión Europea con la introducción de un impuesto que conlleva sobrecostes para las empresas y que les hará perder competitividad.

El responsable de Aecoc ha resaltado el compromiso de los sectores con la sostenibilidad y ha reclamado, como "petición de última hora", el aplazamiento de la aplicación del impuesto al menos un año para ayudar a la recuperación económica.

DIFICULTADES DE APLICACIÓN

A falta de un mes para que entre en vigor el nuevo impuesto, Bonmatí ha mencionado algunas de las dificultades para su aplicación, entre otras el coste administrativo para garantizar la trazabilidad de los productos, la falta de información de los proveedores sobre la cantidad de plástico empleado, la ausencia de tiempo para adaptarse y la "inseguridad jurídica" creada.

El director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo, ha asegurado que existe "margen" para retrasar la implementación del impuesto al plástico como en Italia, país que "ha demostrado sensibilidad" al considerar el contexto económico.

Ha solicitado al Gobierno español que haga lo mismo, teniendo en cuenta que las empresas deben hacer frente actualmente al encarecimiento de la energía, las materias primas y otros insumos.

Según FIAB, el impuesto para envases de plástico no reutilizables tendrá un impacto directo en la industria alimentaria de unos 690 millones de euros, aparte de los costes por la responsabilidad ampliada del productor, valorados en otros 1.150 millones de euros.

García de Quevedo ha rechazado las alegaciones del Gobierno de que el aplazamiento del gravamen haría caer los ingresos previstos en los Presupuestos Generales del Estado, ya que cuenta con una recaudación adicional por vía impositiva que supera los 32.000 millones de euros por la inflación.

Además de Aecoc y FIAB, se han unido la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Cooperativas Agroalimentarias, la organización agraria Asaja, Marcas de Restauración y Foro Interalimentario.

También han estado representadas la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), la de Detergentes y Productos de Limpieza (Adelma), la de Fabricantes de Bricolaje y Ferretería (AFEB), la de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (APPLiA), la de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) y la de Perfumería y Cosmética (Stanpa).

Fuente: Eurostat

LAS EMPRESAS SE SIENTEN AMENAZADAS

Todas estas organizaciones han coincidido en que la entrada en vigor de ese impuesto "amenaza el futuro de gran número de empresas" y han destacado que España está entre los países con mejores ratios de reciclaje de envases de plástico, del 51,4 %, por delante de la media europea y de países como Alemania, Francia o Italia.

El presidente de ACES, Aurelio del Pino, ha afirmado que el nuevo impuesto tiene finalidad "recaudatoria" y presenta una "gran complejidad en la trazabilidad", a efectos de la responsabilidad ampliada del productor cuando el envase de plástico se convierte en residuo.

Ha criticado la falta de un decreto de desarrollo normativo y de órdenes ministeriales que resuelvan las dudas que tiene el sector al respecto, y ha calificado de "desproporcionado" el coste real de la implantación del impuesto en relación con sus objetivos.

La directora general de Stanpa, Val Díez, ha precisado que en su sector muchos proyectos de inversión pueden verse paralizados por ese sobrecoste y que muchas pequeñas y medianas empresas pueden verse "desbordadas" al adelantar unos pagos que luego, en caso de exportar, deberán reclamar para que se les devuelva meses después.

El presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, ha asegurado que en su caso todavía no se han recuperado de la crisis, puesto que sus ventas son un 30 % inferiores a las de antes de la pandemia, y ha apuntado que será difícil para los comerciantes trasladar el incremento del coste a los precios, ya que el consumidor debe aceptarlo en un momento en el que "pide más promociones y rebajas".